Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

Jurisprudencia



Fecha resolución:           



n de 6 de mayo de 2010


PONENTE: Doña María Asunción Salvo Tambo

Madrid, a seis de mayo de dos mil diez.

 

Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo num. 401/2008 que ante esta
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido la
Procuradora Dña. P.M.L., en nombre y representación de Don A.C.C., contra resolución
administrativa de considerar desistido de su solicitud de indemnización por
responsabilidad de la Administración Pública al hoy actor, sobre Responsabilidad
Patrimonial de la Administración del Estado; y en el que la Administración demandada
ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

PRIMERO.- La parte actora interpuso, en fecha 29 de octubre de 2008, este recurso
respecto del primero de los actos administrativos antes aludidos; admitido a trámite y
reclamado el expediente se le dio traslado para que formalizara la demanda, lo que hizo
en tiempo; y en ella realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales
que estimó aplicables, concretando su petición en el suplico de la misma, en el que
literalmente dijo:

 

"SUPLICO que, mediante el presente escrito, tenga por formalizada demanda en autos de
recurso contencioso-administrativo, núm 401/2008, interpuesto en relación al acto de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores de considerar desistida la reclamación formulada
en materia de responsabilidad patrimonial por mi mandante y, en su día, previos los trámites
legalmente preceptivos, dicte sentencia por la que: a) Declare nulo, anule o revoque y deje sin
efecto el acto objeto de recurso. b) Reconozca el derecho de Don A.C.C., a obtener una
resolución sobre el fondo de la reclamación que por mi responsabilidad patrimonial ha
presentado frente a la CNMV. c) Condene a la Administración pública CNMV y a la
indemnización de los daños y perjuicios causados, cuya cuantía debe ser de 128.031,27 €. Y el
pago de las costas."

 

SEGUNDO.- De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre
de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación
jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la
misma, en el cual solicitó:

 

"Que tenga por contestada la demanda deducida en el presente litigio y, previos los trámites
legales, dicte sentencia por la que se desestime el presente recurso, confirmando íntegramente
la resolución impugnada por ser conforme a Derecho, con expresa imposición de las costas a
la demandante."

 

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, siguió el trámite de
conclusiones; a continuación quedaron los autos pendientes de señalamiento; y,
finalmente, mediante providencia de 6 de abril de 2010 se señaló para votación y fallo el
día 4 de mayo de 2010, en que efectivamente se deliberó y votó.


CUARTO.- En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las
formas legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente la Ilma.
Sra. Dña María Asunción Salvo Tambo, Presidente de la Sección.

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

 

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo
la resolución de fecha 3 de julio de 2008, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

 

"Examinado el escrito presentado por Don A.C.C. por el que formula reclamación de
responsabilidad patrimonial contra la CNMV, y la documentación aportada por el
reclamante, y considerando que el escrito de subsanación se presentó fuera del plazo
concedido al reclamante, y que no se aportó la documentación requerida, de conformidad
con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial, y en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normas de aplicación, el Comité Ejecutivo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en virtud de la delegación que le ha sido conferida por
Acuerdo del Consejo de esta Comisión de fecha 24 de octubre de 2007, ACUERDA:

Tener por desistido de su solicitud al reclamante Don A.C.C."

 

SEGUNDO.- La referida resolución impugnada tiene como antecedentes:

 

1º) El 24 de marzo de 2008 tuvo entrada en la CNMV escrito presentado por Don A.C.C.,
ahora recurrente, formulando reclamación de responsabilidad patrimonial contra la
CNMV por los daños y perjuicios presuntamente sufridos como consecuencia de la que
el reclamante considera una actuación negligente de la CNMV por omitir el deber de
supervisión que tiene respecto de las operaciones de compra y venta de warrants.

 

La reclamación se refería a dos operaciones de compra y venta de warrants Call Nasdaq
4.000 emitidos por “Societé Generale”:

 

Compras realizadas el 3 de enero de 2001 venta realizada el 4 de enero de 2001

150.000 warrants a 0,43 € 300.000 warrants a 0,56 €

150.000 warrants a 0,44 €

 

El hoy recurrente considera que se ha producido una irregularidad en el momento de
fijar el precio de venta por parte de “Societé Generale” y, por tanto, reclama la diferencia
entre el precio al que debió ejecutarse la venta (0,91 €) y el precio real de venta (0,56 €).

 

2º) El hoy actor interpuso demanda contra la entidad citada, dictando sentencia
desestimatoria el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid con fecha 22 de marzo de
2004, siendo condenado también al pago de las costas judiciales el hoy actor.


Frente dicha sentencia el hoy recurrente interpuso recurso de apelación, habiendo
recaído también sentencia desestimatoria de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de
Madrid el 16 de enero de 2007, habiendo sido nuevamente condenado el hoy actor al
pago de las costas procesales.

 

3º) El 24 de marzo de 2004 Don A.C.C. presentó la solicitud de responsabilidad
patrimonial contra la CNMV, siendo requerido el hoy recurrente para subsanar
determinados justificantes de las operaciones de compra y venta a que se refiere la
reclamación y, considerando la Administración que no se había aportado la
documentación requerida, acuerda tener por desistido de su solicitud a Don A.C.C..

 

4º) Frente a la resolución administrativa de considerar desistido de su solicitud de
indemnización por responsabilidad de la Administración Pública al hoy actor se
interpone el correspondiente recurso contencioso-administrativo que en este momento
pasamos a resolver.

 

TERCERO.- Afirma el recurrente en su demanda que la reclamación por responsabilidad
patrimonial que ha presentado se realiza dentro del plazo de un año a computar desde
que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha devenido firme.

 

Y considera que se cumplen, en cuanto a fondo todos los requisitos para el éxito de la
acción ejercitada.

 

El Abogado del Estado considera que la resolución recurrida es ajustada a Derecho, sin
que se haya causado indefensión a la parte actora, en la medida que requiriéndole de
subsanación de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, no se aportó la
documentación correspondiente, siendo el archivo por desistimiento la consecuencia
del propio incumplimiento imputable a la parte actora. Subsidiariamente rechaza las
alegaciones sobre el fondo efectuadas en la demanda, aunque sea a los efectos
puramente dialécticos.

 

CUARTO.- El contenido decisorio de la resolución impugnada es puramente formal, esto
es, se limita a inadmitir la solicitud de reclamación en cuanto que habiendo requerido al
hoy recurrente para que subsanara, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, no
se aportó la documentación requerida, siendo el archivo por desistimiento la
consecuencia del incumplimiento del trámite en cuestión; y ello con independencia de
que en el expediente administrativo obrase determinada documentación que el
recurrente considere suficiente como para continuar con el procedimiento ya que la
CNMV conocía la existencia de pleito. Pero es lo cierto que el requerimiento por parte del
órgano administrativo se hizo y la parte actora no aportó en el plazo correspondiente
documentación requerida, particularmente la relativa a los procedimientos judiciales
entablados por el recurrente, de indudable interés, y a los que la CNMV no podía haber
tenido acceso al no haber sido parte en el pleito.

 

Ahora bien, en aras de la máxima efectividad de la tutela judicial que se demanda por las
partes, y dados los términos en que ha quedado planteado el debate, y de modo muy
particular tras la Providencia de la Sala, de fecha 9 de marzo de 2010, en la que con
suspensión del plazo para dictar la sentencia y sin prejuzgar el contenido del fallo, se


acordó oír a las partes por plazo de 10 días sobre la posible prescripción de la acción de
responsabilidad ejercitada, lo cual, en definitiva, nos sitúa ante la decisión previa, esto es,
antes del análisis de la cuestión de fondo propiamente dicha, en la tesitura de decidir si
la acción ha sido ejercitada en el plazo establecido en la ley.

 

La Administración demandada, por su parte, sostiene que la acción ha sido ejercitada
fuera del plazo de un año establecido por el artículo 142.5 de la Ley 30/1992.

 

QUINTO.- Así, pues, previa cuestión a resolver es la relativa a la prescripción de la acción
indemnizatoria ejercitada.

 

Al objeto de resolver dicha cuestión ha de tenerse en cuenta que con fecha 24 de marzo
de 2008 presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la CNMV Don
A.C.C., tal y como más arriba quedó reflejado. La reclamación, como también veíamos, se
refiere a dos operaciones de compra y una de venta de warrants Call Nasdaq 4000
emitidos por “Societé Generale”, operaciones que se produjeron los días 3 y 4 de enero
de 2001.

 

El recurrente interpuso también demanda judicial civil contra la entidad “Societé
Generale”, dictando sentencia desestimatoria por el Juzgado, según también vimos, el 22
de marzo de 2004 y, en apelación, por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de
Madrid, siendo esta última sentencia de 16 de enero de 2007.

 

El artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre dispone que: "En todo caso, el
derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo."

 

Y en igual sentido el artículo 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.

 

Pues bien, si tomamos, efectivamente, como "dies a quo" el día 4 de enero de 2001,
fecha en la que se habría producido el perjuicio cuya indemnización se pretende por el
actor, y aun teniendo efectos interruptivos la reclamación presentada ante la CNMV en
2001 e incluso producida también la interrupción del plazo por el ejercicio de las
acciones civiles encaminadas a exigir la responsabilidad en cuestión, en aplicación de
una constante y reiterada jurisprudencia consistente en que el cómputo del plazo para el
ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede ejercitarse sino desde el momento
en que ello resulte posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el
alcance de los perjuicios producidos -que tiene su origen en la aceptación por parte del
Tribunal Supremo del principio de "actio nata" para determinar el origen del plazo para
ejercitarla, y según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible y esta
coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es
decir, el daño y la comprobación de su propia ilegitimidad, yendo en principio a este
efecto encaminada la acción civil ejercitada en el presente caso por el actor, aun cuando
hubiesen tenido, como decimos, efectos interruptivos del plazo de prescripción de un
año establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, lo cierto es que también había
transcurrido en tal caso el plazo de un año en la medida en que la sentencia firme de la


Audiencia Provincial es de 16 de enero de 2007, siendo así que la reclamación de
responsabilidad patrimonial no se presenta hasta el 24 de marzo de 2008, sin que en
ningún momento se haya justificado por el actor, no obstante las facilidades dadas por
este Tribunal, que se hubiese notificado dicha sentencia con posterioridad al 24 de
marzo de 2008, lo que además no parece mínimamente probable habida cuenta que la
tasación de costas se practicó el 29 de marzo de 2007 necesariamente, por tanto, una
vez firme la sentencia de la Audiencia Provincial (Sección nº 14ª) de Madrid, de fecha 16
de enero de 2007, confirmatoria de la sentencia dictada en primera instancia por el
Juzgado nº 4 de Madrid.

 

De ahí que, cuando se interpuso la reclamación de responsabilidad por el hoy actor, el
24 de marzo de 2008, la acción había prescrito por el transcurso del plazo de un año
legalmente establecido al efecto.

 

SEXTO.-. De lo anterior deriva la procedencia de desestimar el presente recurso, con la
paralela confirmación de la resolución administrativa impugnada.

 

No se aprecian méritos que determinen un especial pronunciamiento sobre costas,
conforme a los criterios contenidos en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

 

 

FALLO

 

 

En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional ha decidido:

 

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación
procesal de Don A.C.C., contra la resolución administrativa de considerar desistido de su
solicitud de indemnización por responsabilidad de la Administración Pública al hoy
actor, descrita en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, la cual confirmamos
por ser ajustada a derecho. Sin efectuar condena al pago de las costas.

 

Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el
artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.

 

Así por esta nuestra Sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la
Oficina Pública de origen, a los efectos de legales oportunos, junto con el expediente de
su razón, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


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