Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

Jurisprudencia



Fecha resolución:           



Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª n de 30 de marzo de 2010


PONENTE: Doña Lucía Acín Aguado

Madrid, a treinta de marzo de dos mil diez.

 

 

VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional el recurso contencioso-administrativo número 290/09 promovido por “B.B., S.V.,
S.A.” representado por el Procurador de los Tribunales Don C.I.C. y asistido del Letrado
Don A.D.A. contra la resolución del Secretario General Técnico por delegación de la
Ministra de Economía y Hacienda de 29 de mayo de 2009 que desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución de 18 de marzo de 2009 del Consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se acuerda imponer a “B.B., S.V.,
S.A.” por la comisión de una infracción grave de la Ley de Mercado de Valores una multa
de 24.000 euros. Ha sido parte en autos la Administración General del Estado,
representada por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 24.000 euros.

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

ÚNICO.- El 17 de junio de 2009 la parte actora interpuso recurso contencioso-
administrativo contra resolución citada en el encabezamiento de esta sentencia ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y turnada a la sección
sexta, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente administrativo. Emplazada la
parte actora formalizó la demanda en escrito de 16 de septiembre de 2009 en el que,
tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó
solicitando "dicte sentencia por la que, estime íntegramente la demanda, anulando las
resoluciones recurridas por no ser conformes a derecho, y condene a la demandada al
pago de las costas.

 

Emplazado el Abogado del Estado para que contestara la demanda presentó escrito en
el que solicitó la desestimación del recurso interpuesto y confirmatoria de la resolución
impugnada.

 

No solicitado el recibimiento a prueba, presentadas conclusiones, por diligencia de
ordenación de 30 de noviembre de 2009 se declararon las actuaciones pendientes de
señalamiento para votación y fallo lo que se efectuó el 23 de marzo de 2010.

 

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente
aplicación, y siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª LUCIA ACIN AGUADO, Magistrada de la
Sección.

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

 

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del
Secretario General Técnico por delegación de la Ministra de Economía y Hacienda de 29


de mayo de 2009 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de
18 de marzo de 2009 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la
que se acuerda "imponer a “B.B., S.V., S.A.” por la comisión de una infracción grave tipificada
en el artículo 100 x) ter de la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por el
incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 83.2 de la citada Ley en relación
con las recomendaciones publicadas sobre “Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.” con
fechas 20 y 28 de febrero de 2008 multa por importe de veinticuatro mil ( 24.000) euros"

 

SEGUNDO.- La parte actora al objeto de fundamentar el recurso realiza las siguientes
alegaciones:

 

1) Se ha omitido el trámite preceptivo de audiencia del interesado regulado en el
artículo 20.3 del Real Decreto 1398/1993, en relación con el artículo 138.2 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre ya que la resolución sancionadora modificando la propuesta de
resolución incrementa la sanción.

 

2) Las notas de análisis publicadas por “B.B., S.V., S.A.” los días 20 y 28 de febrero de 2008
no constituyen recomendaciones de inversión, conforme éste término se define en el
artículo 10 del Real Decreto 1333/2005 por lo que no ha incumplido lo dispuesto en el
artículo 83.2 de la LMV.

 

3) La conducta atribuida a “B.B., S.V., S.A.” en ningún caso puede ser constitutiva del ilícito
administrativo tipificado en el artículo 100 x ter) de la LMV y sólo podrá integrar una
infracción leve tipificada en el artículo 101 de LMV siendo suficientes las medidas
adoptadas por “B.B., S.V., S.A.”.

 

4) Falta de culpabilidad y antijuricidad en la conducta infractora ya que la suscripción del
contrato de liquidez ya se había desvelado mediante la publicación del hecho relevante
siendo por tanto un hecho de conocimiento publico para los mercados e inversores.

 

5) Las resoluciones recurridas vulneran el principio de proporcionalidad en el ejercicio de
la potestad sancionadora, ya que imponen una sanción en un grado que no sería
conforme con las circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado.

 

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso con los argumentos que
desarrolla en la contestación a la demanda.

 

TERCERO.- La resolución sancionadora considera que el recurrente ha cometido la
infracción grave prevista en el artículo 100 x) ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2 del mismo
texto legal en relación con la información publicada sobre Solaria el 20 y 28 de febrero
de 2008.

 

El artículo 100 x) ter de la LMV tipifica como infracción grave "la adopción de las medidas
previstas en los artículos 81.4, 83 y 83 bis de esta Ley de forma insuficiente".

 

El artículo 83 regula las "obligaciones de las entidades que presten servicios de inversión o de
asesoramiento de inversión" y en su apartado 2 establece "todas las entidades y grupos de


entidades que realicen, publiquen o difundan informes o recomendaciones sobre sociedades
emisoras de valores o instrumentos financieros cotizados deberán comportarse de forma leal
e imparcial, dejando constancia en lugar destacado en sus informes, publicaciones o
recomendaciones de las vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales, y de la
participación estable que la entidad o el grupo mantenga o vaya a mantener con la empresa
objeto del análisis, así como que el documento no constituye una oferta de venta o
suscripción de valores".

 

El hecho que se sanciona es la publicación por “B.B., S.V., S.A.” de dos documentos (de 20
y 28 de febrero de 2008) destinados al público en los que se contiene información (que
la Administración califica como recomendación de inversión) entre otros sobre el emisor
Solaria sin hacer constar en ellos, ni de forma directa, ni indirecta a través de un enlace a
la página web de “B.B., S.V., S.A.” de la relación comercial existente entre ambas entidades
como consecuencia del contrato de liquidez suscrito entre ellas y por ende sin revelar el
correspondiente conflicto de interés.

 

CUARTO.- Considera el recurrente que se ha omitido el trámite preceptivo de audiencia
del interesado regulado en el artículo 20.3 del Real Decreto 1398/1993, en relación con el
artículo 138.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre ya que a) la resolución sancionadora
modificando la propuesta de resolución incrementa la sanción a 24.000 euros desde los
12.000 que se recogían en la propuesta de resolución por lo que si el órgano
sancionador duplica el importe de la multa es forzoso concluir que la infracción
imputada y los hechos instruidos revisten mayor gravedad que la determinada en la
propuesta de resolución y por otra parte porque b) la resolución sancionadora altera los
hechos recogidos en la propuesta de resolución puesto que considera que no concurren
dos circunstancias fácticas atenuantes de la responsabilidad de “B.B., S.V., S.A.” que sí
fueron apreciadas por el órgano instructor como son la ausencia de perjuicios causados
por la conducta infractora y la inexistencia de beneficios obtenidos por la entidad como
consecuencia de la comisión de la infracción, y de otro lado, estima, en cambio, que
concurren dos nuevas circunstancias fácticas agravantes de esa responsabilidad que no
fueron apreciadas por el órgano instructor, como son la especial naturaleza y gravedad
de la infracción y la importancia de la entidad.

 

El artículo 20.3 del Real Decreto 1398/1993 establece que "en la resolución no se podrán
aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento,
salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto en el número 1 de este
artículo, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el
órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la
determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte
cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días".

 

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo de forma reiterada
señalando que solo procede abrir una nueva fase de alegaciones "cuando el órgano
competente para resolver estima que la infracción resulta de mayor gravedad, más no
cuando considera que procede una sanción distinta de la recogida en la propuesta de
resolución pero en todo caso prevista por la Ley, como una de las varias aplicables a una
misma clase de infracción" (sentencia de 3 de marzo de 1998 y 19 de noviembre de 1997).

 


QUINTO.- Alega el recurrente que las notas de análisis publicadas por “B.B., S.V., S.A.” los
días 20 y 28 de febrero de 2008 no constituyen recomendaciones de inversión, conforme
este término se define en el artículo 10 del Real Decreto 1333/2005 por lo que no ha
incumplido lo dispuesto en el artículo 83.2 de la LMV.

 

El artículo 10 del Real Decreto 1333/2005 que desarrolla la Ley 24/1988, de 28-7-1988 del
Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado establece en su artículo 10.1 que

 

"1 A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, y en este
capítulo, se entenderá por recomendación toda información destinada al público,
relacionada con uno o varios valores o instrumentos financieros o con los emisores de éstos,
incluido cualquier informe sobre el valor presente o futuro o sobre el precio de dichos
instrumentos, que aconseje o sugiera una estrategia de inversión.

 

Se entenderá por información que aconseje o sugiera una estrategia de inversión:

 

a) La información elaborada por un analista independiente, una empresa de inversión, una
entidad de crédito, por cualquier otra persona cuya principal actividad sea la elaboración de
recomendaciones, así como por las personas físicas que trabajen para cualquiera de los
anteriores con arreglo a un contrato de trabajo o de otra forma, que, directa o indirectamente,
exprese una recomendación de inversión concreta sobre un instrumento financiero o sobre un
emisor".

 

Examinados los documentos de 20 y 28 de febrero de 2008 esta Sala concluye que la
información contenida en los mismos en relación a Solaria constituye una
recomendación de inversión concreta en relación a ese emisor ya que el hecho de que
“B.B., S.V., S.A.” publique dos tipos de documentos los informes de análisis y la
publicación diaria de “B.B., S.V., S.A.” llamada "hoy destacamos" (llamada boletín diario en
el escrito de demanda) no permite entender que sólo los primeros contienen una
recomendación concreta sobre un emisor sino que hay que analizar el contenido de
dichos documentos para ver si reúnen los requisitos del artículo 10 del Real Decreto
1333/2005 y en este caso no ofrece dudas a esta Sala que los documentos de 20 y 28 de
febrero de 2008 contienen una recomendación de inversión concreta sobre un emisor y
así en el documento de 20 de febrero de 2008 (folio 38 al reverso del expediente
administrativo) se hace constar con unas letras destacadas "comprar" en relación a
Solaria recogiéndose tal como recoge la resolución sancionadora junto a datos objetivos
(último precio del valor, evolución diario, semanal y mensual, datos bursátiles, principales
accionistas) otros de orden subjetivo (como el precio objetivo y potencial de
revalorización de 190,2%) y manifestaciones que tratan de dar soporte a la
recomendación realizada en estos términos "Tras la reunión de ayer, creemos que las dudas
contables y operativas quedaron suficientemente aclaradas, reiterando nuestra firme apuesta
por el valor (190% potencial) (...) la compañía cotiza al mismo nivel de la salida a bolsa hace 8
meses, siendo conscientes que la visibilidad de su negocio es muchísimo mayor y el perfil de
riesgo sensiblemente menos que entonces"(...)) el auditor de Solaria es Pricewaterhouse
Coopers, y se prevé que firme en los próximos días el informe de auditoria de las cuentas 2007
con una opinión "limpia" sin salvedades. Pensamos que este informe de auditoria, que viene
avalado por una firma del prestigio de Pricewaterhouse, debería ir tranquilizando los ánimos
del mercado, que recientemente ha estado cuestionando las prácticas contables de la


compañía, y podrá actuar como catalizador del valor a corto plazo". En relación al
documento de 28 de febrero de 2008 si bien no consta un análisis individualizado de
Solaria consta (folio 52 del expediente) una tabla en la que agrupadas por sectores
aparece Solaria en el sector de Utilities en la que se proporcionan datos de las mismas
relativas (al último precio, precio objetivo, potencial de revalorización de 192,7%) siendo
la primera información que se ofrece la que denomina "recomendación" y apareciendo
la sigla C de comprar en el caso de Solaria.

 

SEXTO.- Entiende el recurrente que aun cuando se considere que las referencias al valor
Solaria consignadas en los documentos de 20 y 28 de febrero de 2008 tienen la
consideración de recomendación de inversión, la conducta atribuida a “B.B., S.V, S.A.” en
ningún caso puede ser constitutiva del ilícito administrativo tipificado en el artículo 100 x
ter) de la LMV y sólo podrá integrar una infracción leve tipificada en el artículo 101 de
LMV y ello porque el articulo 100 x) ter LMV únicamente tipifica como infracción grave la
adopción insuficiente de las medidas reguladas en los artículos 81.4, 83 y 83 bis y no por
tanto cualquier inobservancia de las múltiples reglas que se consignan en dichos
preceptos como es el hecho aislado y esporádico de que no se hubiese hecho referencia
al contrato de liquidez en dos boletines diarios en relación a un emisor. Por otra parte el
artículo 83 sólo califica como "medidas" las necesarias para impedir el flujo de
información privilegiada entre las distintas áreas de actividad del sujeto obligado
previstas en su apartado primero pero no las reglas previstas en su apartado segundo,
por lo que la eventual inobservancia de la regla de consignar en una recomendación
aislada la existencia de una vinculación relevante, que se recoge en el artículo 83.2 al no
ser calificada por la norma como medida no se puede integrar en la infracción tipificada
en el artículo 100 x) ter LMV.

 

El hecho de que el artículo 100 x) ter utilice el término "medida" no supone que sólo se
refiera al artículo 83.1 y que no abarque el artículo 83.2 por el hecho de que el legislador
en este apartado segundo el termino especifico de "medida" y recoja la obligación de
"dejar constancia en lugar destacado en sus informes, publicaciones o recomendaciones de
las vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales". El término medida
utilizado en el artículo 83 es equiparable a obligación ya que dicho artículo cuando hace
referencia al término medida se refiere a medidas de carácter obligatorio. Así la rúbrica
del artículo 83 habla de obligaciones ("Obligaciones de las entidades que presten servicios
de inversión o de asesoramiento de inversión") y en el apartado 83.1 habla en su primer
párrafo de la "obligación de establecer medidas" y al concretar esas medidas establece en
el segundo párrafo en particular estas entidades "están obligadas" y el apartado 83.3
habilita al Ministro de Economía para "establecer medidas de carácter obligatorio" en
desarrollo de este artículo.

 

Por otra parte tal como indica la Administración la interpretación literal y estricta del
artículo 100 x ter no excluye el articulo 83 .2 ya que a la hora de citar el artículo 83 la
norma no hace distinción alguna entre las recogidas en sus puntos 1 y 2 abarcando
todas ellas sin excepción, a diferencia del artículo 81 en que sólo incluye el apartado 4.

 

SEPTIMO.- Considera el recurrente que las medidas adoptadas por “B.B., S.V., S.A.” fueron
suficientes y ello por lo siguiente: a) la falta de mención del contrato de liquidez no se
produjo en un informe de análisis sino en uno o dos boletines diarios y en relación a un


sólo emisor. b) con anterioridad a la formalización del contrato de liquidez en la pagina
web de “B.B., S.V., S.A.” ya se venía divulgando otro conflicto de interés relativo a la
intervención de “B.B., S.A, A.V.” en la colocación de la Oferta Pública de Suscripción de
Solaria, c) se divulgó la existencia del contrato de liquidez como hecho relevante con
fecha de 19 de febrero de 2008 incorporándose a las paginas web de la CNMV y de
Solaria y d) que el “Grupo B.” dispone de una política General de Conflictos de interés.

 

Ciertamente la falta de inclusión en dos documentos que contenían una recomendación
del conflicto de interés relativo el contrato de liquidez tuvo carácter ocasional pero ello
no impide considerar que hubo un incumplimiento insuficiente.

 

El término "insuficiente" es un concepto jurídico indeterminado. El Tribunal
Constitucional ha admitido la técnica normativa de los conceptos jurídicos
indeterminados en el ámbito sancionador, sin considerar por ello vulnerado el artículo
25.1 de la Constitución ni los principios de tipicidad siempre que se den los requisitos
que señala entre otras su sentencia 69/1989, de 20 de abril:"y que se refieren a que su
concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de
experiencia y permitan prever, por consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza y las
características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada". En este
caso hay que tener en cuenta que una norma legal ha concretado la obligación prevista
en el artículo 83.2 por cuyo incumplimiento ha sido sancionado el recurrente consistente
en dejar constancia en lugar destacado en sus informes, publicaciones o recomendaciones
de las vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales. Así el artículo 13 del R.D.
1333/2005 ha concretado los supuestos específicos que han de plasmarse en las
recomendaciones entre los que se encuentra -punto 1 letra c) la circunstancia de ser
proveedor de liquidez y asimismo concreta en su apartado 5 el modo en que ha de
dejarse constancia de los conflictos de interés bien mediante la su inclusión directa en la
propia recomendación, si bien atendiendo a la desproporción de tal medida permite
"hacer una referencia clara y destacada en la propia recomendación al lugar en que dicha
información pueda ser accesible para el publico de manera fácil y directa, por ejemplo
mediante un enlace directo de Internet a la información en una página web de la empresa de
inversión o de la entidad de crédito”. Es decir en este caso existen criterios técnicos
establecidos en una norma legal que permitían al recurrente conocer el alcance del
artículo 83.2 en los que claramente se establecía la obligación de hacer constar la
existencia de un contrato de liquidez en las recomendaciones que se publicaran.

 

El hecho de que Grupo B. disponga de una Política General de Conflictos no impide el
considerar incumplido el artículo 83.2 que no se refiere a si Grupo B. tiene o no normas
internas de control de conflictos de interés sino al hecho concreto de no hacer constar la
vinculación relevante al hacer una recomendación.

 

El hecho que Solaria publicara un hecho relevante informando sobre la suscripción del
contrato de liquidez no exime a “B.B., S.V., S.A.” de cumplir sus obligaciones legales que
como hemos visto están claramente establecidas en cuanto aparece concretado que
tipo de información relativa a conflictos de interés debe difundirse y como debe hacerse
constar en las recomendaciones que se hagan sobre un emisor.

 

El hecho de que hubiera publicado con respecto a Solaria otro conflicto de interés no


permite entender que las medidas adoptadas son suficientes ya que una norma
expresamente establece que se debe hacer constar la circunstancia de ser proveedor de
liquidez (punto 1 letra c del artículo 13 del R.D. 1333/2005 ).

 

OCTAVO.- Alega el recurrente la falta de culpabilidad y antijuricidad en la conducta
infractora ya que la suscripción del contrato de liquidez ya se había desvelado mediante
la publicación del hecho relevante siendo por tanto un hecho de conocimiento público
para los mercados e inversores, lo que excluye que la entidad encartada persiguiese
ocultar la existencia de ese hecho. Ciertamente no se aprecia una voluntad de ocultar
ese hecho por parte de la entidad sancionada pero ello no excluye la culpabilidad del
recurrente ya que si bien no se aprecia una actuación dolosa si que se aprecia una
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la publicación de ese
conflicto de interés, cumplimiento que no queda excluido por el hecho de que terceros
comunicaran a la CNMV la existencia de ese contrato de liquidez y se publicara el mismo
en la web de la CNMV y Solaria. Por otra parte la norma es clara y precisa en cuanto a los
términos en que debe hacerse esa publicación sin que el recurrente se ampare en una
interpretación razonable de la norma que justifique su forma de actuar.

 

NOVENO.- Afirma el recurrente que las resoluciones recurridas vulneran el principio de
proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora, ya que imponen una
sanción en un grado que no sería conforme con las circunstancias concurrentes en el
supuesto enjuiciado. Así la resolución sancionadora aprecia como circunstancia
agravante la especial naturaleza y gravedad de la infracción y la importancia de la
entidad pero se trata de meras afirmaciones no acreditadas. Por otra parte la resolución
sancionadora separándose de la propuesta de la resolución y también sin motivación
omite la valoración de otras circunstancias que sí se estimó que concurrían como
atenuantes como son la ausencia de perjuicios causados por la conducta infractora y la
inexistencia de beneficios obtenidos por la entidad como consecuencia de la comisión
de la infracción.

 

La Administración razona los criterios para agravar la sanción y en relación a la
circunstancia agravante relativa a la especial naturaleza y gravedad de la infracción indica
que "ha vulnerado con su conducta el derecho de los inversores a conocer todos los datos
necesarios y exigibles para ponderar la objetividad y neutralidad de una recomendación de
estrategia inversora respecto a un valor determinado, vulneración especialmente grave
atendiendo a que fue mantenida durante un periodo temporal relevante - del 20 de febrero y
hasta al menos el 4 de marzo de 2008- sin que además requerida por la CNMV para su
corrección inmediata, fuera lo suficientemente diligente para su efectiva cumplimentación". Y
en cuanto a la segunda circunstancia relativa a la importancia de la entidad señala que
"hay que atender a la preeminente posición que ocupa la entidad en el sector de empresas de
servicios de inversión, filial, a su vez de una entidad de crédito de igual posición en nuestro
sistema financiero" .

 

Cuestión distinta es si aprecia la Sala la concurrencia de estas agravantes y entiende que
la primera de ellas relativa a la especial naturaleza y gravedad de la infracción no cabe
apreciarla ya que es un elemento constitutivo del tipo infractor. Ateniéndose a las
circunstancias del caso concreto que es lo que exige el principio de proporcionalidad
tiene especial relevancia para graduar la sanción el hecho de que con fecha de 19 de


febrero de 2008 Solaria comunicara a la CNMV mediante Hecho Relevante la suscripción
con “B.B., S.A, A.V.” del contrato de liquidez circunstancia que fue difundida por ciertos
medios de comunicación en sus versiones de Internet (El economista, Cotizalia,
expansión y Cinco Días), lo que implica tal como se indica en la propuesta de resolución
(que apreció como atenuante la ausencia de perjuicios causados por esta circunstancia)
que se pusiera en conocimiento del mercado la existencia del contrato de liquidez y de
sus características esenciales satisfaciendo en cierta medida la finalidad perseguida por
las normas de aplicación. Asimismo la propia resolución de la CNMV señala que con esa
difusión del contrato de liquidez "quedó parcialmente a salvo el derecho de los inversores de
conocer esta circunstancia y tenerla en cuenta a la hora de ponderar los informes de análisis
difundidos, rebajándose en consecuencia el efecto lesivo de la conducta imputada".

 

Dado que la resolución del CNMV aprecia la existencia de otra circunstancia atenuante
relativa al hecho de que la sociedad no ha sido anteriormente sancionada por
vulneración de normas de ordenación y disciplina de mercados, parece más adecuado
reducir la sanción a 20.000 euros.

 

DECIMO.- No se aprecian méritos que determinen un especial pronunciamiento sobre
costas, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa .

 

 

FALLAMOS

 

 

En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Audiencia Nacional, ha decidido:

 

ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por “B.B., S.V.,
S.A.” contra la resolución del Secretario General Técnico por delegación de la Ministra de
Economía y Hacienda de 29 de mayo de 2009 que desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de 18 de marzo de 2009 del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores por la que se acuerda imponer a “B.B., S.V., S.A.” por la
comisión de una infracción grave de la Ley de Mercado de Valores una multa de 24.000
euros y en consecuencia se reduce la sanción a 20.000 euros.

 

Sin expresa imposición de costas.

 

Notifíquese esta sentencia a las partes con la indicación a que se refiere el artículo 248.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

 

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la
oficina de origen, a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su
caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


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