Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

Jurisprudencia



Fecha resolución:           



Civil n 747/2009 de 11 de noviembre de 2009


PONENTE: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Villa de Madrid, a once de Noviembre de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el

recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 21 de la Audiencia

Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio Menor Cuantía 439/2000, seguidos ante el

Juzgado de Primera Instancia número once de Madrid, cuyo recurso fue preparado ante la Audiencia

Provincial de Madrid Sección 21 por la representación procesal de Don Porfirio , aquí representada por el

Procurador Don Argimiro Vázquez Guillen. Habiendo comparecido en calidad de recurrida el Procurador

Don Carlos Piñeira del Campo, en nombre y representación de Agrupación Española de Entidades

Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A. Agroseguro S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

.- 1.-

 

.- 1.-

 

El Procurador Don Carlos Piñeira Campos, en nombre y representación de

Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A. " Agroseguro "

interpuso demanda de juicio Menor Cuantía, contra Don Porfirio y alegando los hechos y fundamentos de

derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia estimatoria de la

demanda declarando la nulidad del dictamen pericial que ahora se impugna con obligación de la

demandada de estar y pasar por dicha declaración de nulidad, todo ello con expresa imposición de costas a

la demandada .

2.-

 

 

El Procurador Don Argimiro Vázquez Guillen, en nombre y representación de Don Porfirio ,

contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación,

terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia acogiendo en primer termino la perentoria de

falta de jurisdicción y si esta no se acogiera, la excepción de cosa juzgada y de caducidad de la acción o del

derecho por los fundamentos de esta contestación que se exponen. Si ninguno de los anteriores

pedimentos los acoge el Juzgado y se pronunciara sobre el fondo del asunto, igualmente debe

desestimarse la demanda por apreciarse la acción de fondo "sine accione agis". Y si aún ésta no prospera,

deberán ser estimadas con perentorias, las excepciones dilatorias articuladas en el fundamento de derecho

segundo de este escrito de contestación.

3.-

 

 

Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes

y admitidas la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número once de Madrid, dictó

sentencia con fecha 4 de Julio de 2002 , cuya parte dispositiva es como sigue:

 

 

FALLO: Estimo la demanda

formulada por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Piñeira Campos, en nombre y representación de

Agrupación Española de Entidades Agrupadoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A., contra Don

Porfirio y en su mérito declaro la nulidad del dictamen pericial reflejado en el acta de manifestación de fecha

25 de enero de 2000 otorgado por el Notario de Villena ( Alicante ) D. Enrique Sacristan Cribente. Con

expresa condena en costas a la parte demandada.

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1

SEGUNDO

.-

 

.-

 

Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de D. Porfirio , la

Sección 21 Bis de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 15 de diciembre de 2004 ,

cuya parte dispositiva es como sigue:

 

 

FALLAMOS: Que desestimando el recurso interpuesto contra la

Sentencia de fecha 4 de julio de 2002 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Madrid

 

 

en autos

de Juicio Ordinario de Menor Cuantía tramitado con el nº 489/00, debemos confirmar y confirmamos

íntegramente la sentencia recurrida con imposición de costas a la parte apelante y confirmando las de la

instancias.

TERCERO

 

 

.-

1.- Contra la expresada sentencia preparó y después interpuso recurso de casación la

representación procesal de Don Porfirio con apoyo en los siguientes

 

 

MOTIVOS: PRIMERO.-

Infracción por

indebida aplicación del

 

 

artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro Ley 50/1980 de 8 de octubre

alegando

que el sistema de impugnación del dictamen pericial de valoración de los daños derivados del siniestro no

es el que establece, con carácter general el

 

 

art. 38 invocado, sino el establecido en la Ley

de arbitraje, por

considerar que el referido dictamen pericial es un genuino laudo arbitral. Añade que el procedimiento de

impugnación del

 

 

art. 38 LCS

tiene carácter meramente supletorio para las partes y concluye que el carácter

y la función que desarrollan los peritos en la valoración de los daños en este procedimiento, es de

naturaleza arbitral y no técnica

 

 

. SEGUNDO.- Se denuncia la infracción de los

arts. 1 y 46 de la Ley de

Arbitraje de 1988

 

 

, por entender que el sometimiento de las partes al dictamen de los peritos para la

valoración de los daños sufridos entra de plano en el concepto de arbitraje que estipula el

 

 

art. 1 precitado, al

no excluir de su concepto la intervención de los terceros

 

 

para completar una relación jurídica. Entiende que

las partes en el propio contrato de

 

 

seguro

estipularon un genuino convenio arbitral. Con este planteamiento

se infringe, además el art. sobre la regulación de la impugnación judicial del dictamen.

Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 25 de marzo

de 2008 se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizara su oposición

en el plazo de veinte dias.

2.-

 

 

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador Don Carlos Piñeira de

Campos, en nombre y representación de Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros

Agrarios Combinados S.A. " Agroseguro " presentó escrito de impugnación al mismo.

3.-

 

 

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para

votación y fallo el día 29 de Octubre del 2009, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Antonio Seijas Quintana,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

 

 

La sentencia recurrida, confirmando la dictada en 1ª Instancia, desestima el recurso de

apelación declarando la nulidad del dictamen pericial reflejado en el acta de manifestación de fecha 25 de

enero de 2000, entendiendo que el dictamen se realizó al amparo del

 

 

artículo 38 de la Ley de Contrato de

Seguro

 

 

, el cual contiene un derecho de carácter imperativo y sustraído a la disponibilidad de las partes, a

través del cual se resuelven las divergencias que surjan, sobre valoración del daño, entre aseguradora y

aseguradora. Para resolver el problema litigioso el Tribunal a quo acoge el razonamiento de la sentencia

dictada por esta Sala de 20 de enero de 2001 en un litigio entre las mismas partes, aunque referido a un

siniestro diferente, que fue silenciada en el procedimiento hasta el escrito de oposición al recurso, por el hoy

apelado, y que resuelve el caso al margen de las consideraciones que ahora plantea sobre la naturaleza

jurídica del peritaje, como laudo arbitral. En aplicación de tal doctrina, considera que el dictamen pericial

aprobado no se ajustó en lo más mínimo a las reglas exigibles normativa y contractualmente.

La parte recurrente articula su recurso en dos motivos. El primero denuncia infracción, por indebida

aplicación, del

 

 

artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro

, alegando que el sistema de impugnación del

dictamen pericial de valoración de los daños derivados del siniestro no es el que establece, con carácter

general, el citado artículo, sino el previsto en la Ley de Arbitraje, por considerar que referido dictamen es un

genuino laudo arbitral. Añade, además, que el procedimiento de impugnación previsto en el

 

 

artículo 38

tiene

marcado carácter supletorio para las partes y concluye que el carácter y función que desarrollan los peritos

en la valoración de los daños en este procedimiento es de naturaleza arbitral y no técnica.

En el segundo motivo, relacionado con el anterior, se denuncia la infracción de los

 

 

artículos 1 y 46 de

la Ley de Arbitraje de 1988

 

 

, por entender que el sometimiento de las partes al dictamen de los peritos para

la valoración de los daños entra de plano en el concepto de arbitraje que estipula el

 

 

artículo 1, al no excluir

de su concepto la intervención de terceros

 

 

para completar una relación jurídica. Considera que las partes

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estipularon en el propio contrato de

 

 

seguro

un genuino convenio arbitral y que con este planteamiento se

infringe, además, el

 

 

artículo 46

sobre regulación de la impugnación judicial del dictamen.

Lo que se sostiene, en suma, es que el procedimiento de impugnación del dictamen de peritos del

artículo 38

 

 

tiene carácter meramente supletorio para las partes, por lo que solo cabe su aplicación si no hay

otra regulación específica de la misma, añadiendo que la regulación concreta para la impugnación del

informe pericial es la establecida en el

 

 

artículo 46 de la Ley de Arbitraje de 1988

, puesto que la función

realizada por los peritos constituye un "genuino arbitraje de derecho privado".

SEGUNDO.-

 

 

Ambos se desestiman. El art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro

instaura un

procedimiento extrajudicial para la liquidación del daño, con el nombramiento y actuación de peritos en la

forma y condiciones que en él se indican, y que en situación de discrepancia meramente cuantitativa se

convierte en un trámite preceptivo e imperativo para las partes, ninguna de las cuales es libre para imponer

a la otra una liquidación del daño a través de un procedimiento judicial, impidiendo que el asegurado inicie

un procedimiento de esta clase para fijar el valor del daño en caso de que el dictamen del perito de la

aseguradora contradiga las conclusiones valorativas alcanzadas por el perito designado por la parte. Como

tal, se garantizan unos mínimos de Derecho necesario, de marcado interés público, impuestos por la Ley y

sustraídos a la voluntad de las partes, que obligan a la consideración de la función de los intervinientes en el

mismo como peritos decisores de acuerdo con criterios que exceden de la misión que éstos, en otros casos,

tengan como asesores técnicos de cada parte y la aproximan a la de los árbitros, no obstante las

salvedades que se derivan de las diferencias notables entre impugnación del laudo e impugnación del

dictamen pericial (SSTS 14 y 17 de julio 1992; 20 de enero 2001; 9 de diciembre de 2002; 2 de febrero 2007

y 28 de enero 2008 , entre otras).

Ahora bien, el hecho de que dictamen pericial en cuestión se puede considerar como una institución

"sui generis", en el que los peritos no actúan como asesores sino como decisores, en una actividad próxima

a la propia de los árbitros, no permite negar carácter pericial al trabajo que realizan para asimilarla a un

arbitraje de equidad, por más que pudiera entenderse que el arbitraje puede ofrecer más ventajas al

asegurado en cuento a rapidez, eficacia, economía y vinculación, en tanto no se modifique la norma de

aplicación y se dote al procedimiento del

 

 

artículo 38

de una mayor eficacia en lo que hace a su ejecutividad.

Lo cierto es que una y otra son instituciones jurídicas distintas con régimen jurídico igualmente distinto.

En primer lugar, la acción ejercitada es la de impugnación y nulidad del dictamen derivado de un

contrato de

 

 

seguro, al amparo del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro

, procedimiento cuyo

carácter imperativo impide que, una vez surgida la controversia, las partes puedan acudir al arbitraje por

impedirlo el

 

 

artículo 1 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje

, vigente en el momento de los

hechos, puesto que no se trata de una materia disponible conforme a derecho, que permita a las partes

decidir o no si acuden a este procedimiento, sin perjuicio de que puedan acomodar la solución al arbitraje en

supuestos de controversia distinta de la que regula la norma para la liquidación del daño y determinación de

la indemnización a pagar por el asegurador, que es a la que exclusivamente se refiere. En segundo lugar,

existen diferencias notables entre la impugnación de un laudo y la impugnación del dictamen pericial

establecido en el

 

 

artículo 38. A

diferencia del arbitraje, que solo podrá anularse por motivos tasados, no se

impide a los Jueces y Tribunales conocer con plenitud la impugnación de un peritaje. Además, mientras los

árbitros deciden motivadamente, en derecho o en equidad, la total controversia existente entre las partes, el

procedimiento de peritos queda circunscrito a la evaluación y valoración de los daños a abonar por el

asegurador producidos por un siniestro, y su informe resulta inatacable transcurridos los plazos de

impugnación judicial; diferencias que se hacen más llamativas si cabe a partir de la modificación de la Ley

de Enjuiciamiento Civil hecha por

 

 

Ley 60/2003, de Arbitraje

, que cambia el sistema de ejecución del laudo

para atribuir fuerza ejecutiva a "los laudos o resoluciones arbitrales", sin hacer mención alguna al dictamen

que resulta del

 

 

artículo 38 LCS

 


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