Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

Jurisprudencia



Fecha resolución:           



Pontevedra. Sala 1. 682995 nº de 11 de septiembre de 2019


PONENTE:
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Tramitación en primera instancia 1.- La procuradora D.ª María Jesús Nogueira Fos, en nombre y representación de D. Adriano , interpuso demanda de juicio ordinario contra NCG Banco S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia: "por la que se declare la nulidad de las espulaciones del contrato suscrito entre las partes en los puntos invocados y referenciadas en este escrito, con imposición de costas a la parte demandada". 2.- La demanda fue presentada el 10 de abril de 2013 y reparda al Juzgado de lo Mercanl n.º 3 de Pontevedra (sede de Vigo), se registró con el núm. 106/2013. Una vez admida a trámite, se emplazó a la parte demandada. 3.- El procurador D. José Antonio Fandiño Carnero, en representación de NCG Banco S.A, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba: "[...] previos los trámites procesales pernentes dicte resolución en la que: "a) Acoja la excepción de lispendencia alegada. "b) Alternavamente, desesme íntegramente la demanda planteada "c) En ambos casos, con expresa imposición de costas a la parte adversa". 4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercanl n.º 3 de Pontevedra dictó sentencia, de fecha 4 de febrero de 2014 , con la siguiente parte disposiva:"Que esmo sustancialmente la demanda interpuesta por el procurador Sra. Nogueira en la representación acreditada, DECLARO NULAS las condiciones generales 3 bis e, 5, 6, 6 bis, en el préstamo hipotecario suscrito por el demandante, sin que proceda la restución de las candades pagadas en exceso por la cláusula de revisión de pos de interés desde fecha 9 de mayo de 2013, con expresa imposición al demandado de las costas causadas". SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia 1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de NCG Banco S.A. 2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que lo tramitó con el número de rollo 220/2014 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 14 de mayo de 2014 , cuya parte disposiva dice: "Que desesmando en lo sustancial el recurso de apelación interpuesto por el procurador Sr. Fandiño Carnero, en nombre y representación de la endad "NCG Banco, S.A.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercanl núm. 3 de Pontevedra (sede de Vigo), debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con la salvedad de excluir de la declaración de nulidad la letra a) de la cláusula 5ª y declarar la nulidad, por abusiva, de la letra e) de la cláusula 9ª. Se imponen a la parte recurrente las costas de esta alzada. Expídase mandamiento al tular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para que proceda a la inscripción de las sentencias de primera y de segunda instancia". 3.- Por auto de fecha 26 de mayo de 2014 se desesmó la peción de aclarar y recficar la sentencia de apelación y se esmó la peción formulada en el sendo de excluir de la declaración de nulidad la letra e) de la cláusula 5ª. TERCERO .- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación 1.- El procurador D. José Antonio Fandiño Carnero, en representación de NCG Banco S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Los movos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron: "Primero.- Por el cauce del núm. 4 del apartado 1 del art. 469 de la LEC , por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de la Constución Española , en relación con el principio de contradicción o de audiencia bilateral. "Segundo.- Por el cauce del núm. 2º del apartado 1 del art. 469 de la LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia". Los movos del recurso de casación fueron: "Primero.- Al amparo del art. 477.1 de la LEC , por infracción del arts. 1.281 1 y 1.288 del Código Civil y 6.2 de la LCGC, jusficándose su admisión en la oposición de doctrina jurisprudencial. "Segundo.- Al amparo del art. 477.1 de la LEC , por infracción de los arts. 89.3 , 82.1 y 82.3 de la LCU, en relación con los arts. 29 del Real Decreto-Legislavo 1/1993 y 68.2 del Real Decreto 828/1995 , jusficándose su admisión en la oposición de doctrina jurisprudencial. "Tercero.- Al amparo del art. 477.1 de la LEC , por infracción de los arts. 89.2 y 89.3 de la LCU, en relación con la norma 6ª del Anexo II del Real Decreto 1426/1989 y de la norma 8ª del Anexo II del Real Decreto 1427/1989 , jusficándose su admisión en la oposición de doctrina jurisprudencial. "Cuarto.- Al amparo del art. 477.1 de la LEC , por infracción de los arts. 85.6, 82.1 y 82.4 de la LCU, jusficándose su admisión por la existencia de jurisprudencia contradictoria. "Quinto.- Al amparo del art. 477.1 de la LEC, por infracción de los 1.124 , 1.157 y 1.169 del Código Civil , en relación con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida en las sentencias núm. 792/2009, de 16 de diciembre , núm. 1124/2008, de 12 de diciembre y núm. 506/2008, de 4 de junio , por declarar la abusividad de la cláusula de vencimiento ancipado, jusficándose el interés casacional por la vulneración de esa doctrina. "Sexto.- Subsidiariamente respecto del movo anterior, al amparo del art. 477.1 de la LEC , por infracción del principio de conservación de los contratos según la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo núm. 827/2012, de 15 de enero ,núm. 140/2013, de 20 de marzo , núm. 832/2008, de 22 de diciembre y núm. 401/2010, de 1 de julio , en relación con el la determinación de los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento ancipado, jusficándose el interés casacional en la oposición a esta doctrina jurisprudencial. "Sépmo.- Al amparo del art. 477.1 de la LEC , por infracción del principio de conservación de los contratos según la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo núm. 827/2012, de 15 de enero , núm. 140/2013, de 20 de marzo , núm.832/2008, de 22 de diciembre y núm. 401/2010, de 1 de julio , en relación con la determinación de los efectos de la nulidad de la cláusula de aseguramiento de la finca hipotecada, jusficándose el interés casacional en la oposición a esta doctrina jurisprudencial. 2.- Las actuaciones fueron remidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 23 de sepembre de 2015, cuya parte disposiva es como sigue: "1º) Admir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la endad "NCG Banco, S.A.", contra la sentencia dictada, el día 14 de mayo de 2014, por la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª), en el rollo de apelación nº 220/2014 , dimanante del juicio ordinario nº 106/2013 del Juzgado de lo Mercanl nº 3 de Pontevedra. "2º) Y queden los presentes autos pendientes de señalamiento del día y hora para la votación y fallo de los recursos interpuestos". Durante la tramitación del recurso ante esta sala, la parte recurrente desisó del movo cuarto de casación (relavo a los intereses moratorios), por lo que el mismo ya no será objeto de tratamiento en esta sentencia. 3.- Por providencia de 4 de noviembre de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 21 de diciembre de 2016. En cuya deliberación, los magistrados parcipantes decidieron proponer al presidente de la Sala que el asunto fuera avocado a pleno, lo que se acordó por providencia de 10 de enero de 2017, que señaló para votación y fallo el día 11 de enero siguiente. 4.- En la deliberación del pleno de la sala, que versó exclusivamente sobre la procedencia de plantear una peción de decisión prejudicial al TJUE, se acordó su pernencia inicial y que se concediera trámite de audiencia a las partes, lo que tuvo lugar por providencia del mismo día 11 de enero de 2017. 5.- Precluido el plazo de audiencia a las partes, se dictó auto de fecha 8 de febrero de 2017, con la siguiente parte disposiva: "Formular al Tribunal de Juscia de la Unión Europea, en el ámbito del arculo 267 TFUE , las siguientes peciones de decisión prejudicial, en interpretación del arculo 6.1 de la Direcva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores: 1.º- ¿Debe interpretarse el art. 6.1 de la Direcva 93/13/CEE en el sendo de que admite la posibilidad de que un tribunal nacional, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de vencimiento ancipado incorporada en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor que prevé el vencimiento por impago de una cuota, además de otros supuestos de impago por más cuotas, aprecie la abusividad solo del inciso o supuesto del impago de una cuota y mantenga la validez del pacto de vencimiento ancipado por impago de cuotas también previsto con carácter general en la cláusula, con independencia de que el juicio concreto de validez o abusividad deba diferirse al momento del ejercicio de la facultad?. 2.º- ¿Tiene facultades un tribunal nacional, conforme a la Direcva 93/13/CEE, para -una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento ancipado de un contrato de préstamo o crédito con garana hipotecaria- poder valorar que la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la connuación del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta más favorable para el mismo que sobreseer dicho proceso especial de ejecución hipotecaria y permir al acreedor instar la resolución del contrato de préstamo o crédito, o la reclamación de las candades debidas, y la subsiguiente ejecución de la sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial hipotecaria reconoce al consumidor?". 6.- El TJUE (Gran Sala) dictó sentencia con fecha 26 de marzo de 2019, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Los arculos 6 y 7 de la Direcva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sendo de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento ancipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos arculos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustuyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula,aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuesón no pueda subsisr en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales". 7.- Tras conceder a las partes un trámite de audiencia, se señaló nuevamente para deliberación y fallo por el pleno el día 17 de julio de 2019. 8.- Cuando ya estaba señalada la deliberación, el TJUE dictó tres autos, todos de fecha 3 de julio de 2017, que resolvían otras tres peciones de decisión prejudicial, planteadas por juzgados de primera instancia de Fuenlabrada, Santander y Alicante, sobre las cláusulas de vencimiento ancipado en contratos de préstamo hipotecario. Sobre los cuales también se concedió trámite de audiencia a las partes. 9.- Finalmente, tuvo lugar la deliberación, votación y fallo por el pleno de la sala el 17 de julio de 2019. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Resumen de antecedentes 1.- El 30 de mayo de 2008, D. Adriano y Dña. Fáma suscribieron con NCG Banco S.A. (hoy Abanca Corporación Bancaria S.A.) una escritura de préstamo con garana hipotecaria, por importe de 100.000 €, a interés variable y a devolver en un plazo de treinta años, mediante 360 cuotas mensuales fijas. Entre otras, figuraban en el contrato las siguientes cláusulas: 1. "3º bis. Tipo de interés aplicable. [...] e) No obstante la variación pactada, el po de interés nominal aplicable no podrá ser inferior al cuatro con treinta y cinco centésimas por ciento (4,35%), ni superior al quince por ciento (15%). 2. 5ª. Gastos a cargo de la parte prestataria. Son de cuenta de la parte prestataria los siguientes gastos: a) Gastos de tasación del inmueble objeto de hipoteca y los de comprobación de su situación registral. b) Aranceles notariales y registrales relavos a la constución, modificación o cancelación de la hipoteca que en esta escritura se constuye así como los de las actas, solicitudes y asientos correspondientes a las entregas del capital prestado. c) Los tributos que graven esta operación. d) Gastos de tramitación de esta escritura en el Registro de la Propiedad y en la oficina Liquidadora del Impuesto, así como una copia de la misma, liquidada e inscrita en el Registro de la Propiedad para la Caja, que se expide sin finalidad ejecuva, y los de una copia que la Caja tuviera, en su caso, necesidad de solicitar con eficacia ejecuva. © Lefebvre-El Derecho, S.A. 3 CARLOS CUESTA e) Los derivados de la conservación del inmueble hipotecado, así como seguros de daños y de caución a que se hace referencia en el apartado e) de la cláusula 9ª. f) Los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de Abogado de que la Caja se valiera, aunque no sea obligatoria su intervención. g) Cualquier otro gasto que corresponda a la efecva prestación de un servicio, relacionado con el préstamo, que no sea inherente a la acvidad de la Caja dirigida a la concesión o administración del préstamo. 3. 6ª. Intereses de demora. a) Sin perjuicio de las acciones resolutorias que la Caja pueda ejercitar, la candades vencidas y no pagadas devengarán intereses de demora al po nominal anual del dieciocho por ciento (18%). b) El mismo interés de demora devengará el capital pendiente de vencimiento en caso de reclamación judicial, hasta la cancelación total del préstamo. 4. 6ª bis. Resolución ancipada por la endad de crédito. Además de lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 1ª bis, la Caja, sin necesidad de requerimiento previo, podrá dar por vencido el préstamo y exigir judicialmente la totalidad de la deuda, tanto de las candades vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses, demoras, gastos y costas, en los siguientes casos: a) Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas de amorzación, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando expresamente las partes la constancia de este pacto en los libros del Registro de la propiedad, según lo dispuesto en el arculo 693 de la Ley 1/2000 . f) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato". 2.- El Sr. Adriano presentó demanda en la que ejercitó una acción individual de nulidad de las condiciones generales de la contratación antes transcritas. 3.- La sentencia de primera instancia esmó sustancialmente la demanda y declaró la nulidad de las condiciones generales 3 bis, 5, 6 y 6 bis de la escritura de préstamo hipotecario suscrita por las partes, sin que procediera la restución de las candades abonadas en exceso por la cláusula de revisión de pos de interés desde el 9 de mayo de 2013. 4.- Recurrida en apelación la sentencia por la endad bancaria, fue confirmada por la Audiencia Provincial, con la salvedad de excluir de la declaración de nulidad la letra e) de la cláusula 5ª, en cuanto que declara de cargo del prestatario los gastos de conservación del inmueble y el seguro de daños. 5.- La parte demandada presentó recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que fueron admidos. Tras una primera deliberación del pleno de la Sala, se decidió plantear una peción de decisión prejudicial al TJUE, en los términos expresados en los antecedentes de hecho, que fue resuelta por la STJUE (Gran Sala) de 26 marzo de 2019 (asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17 ), cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Los arculos 6 y 7 de la Direcva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sendo de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento ancipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos arculos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustuyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuesón no pueda subsisr en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales". 6.- Posteriormente, el 3 de julio de 2019, el TJUE dictó tres autos en respuesta a sendas peciones de decisión prejudicial planteadas por juzgados de primera instancia de Fuenlabrada (asunto C-92/16 ), Santander (asunto C-167/16 ) y Alicante (asunto C-486/16 ). La parte disposiva de los autos de los dos primeros asuntos reseñados es idénca y declara: "Los arculos 6 y 7 de la Direcva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sendo de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento ancipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión, por el juez nacional, de los elementos que la hacen abusiva. Sin embargo, esos arculos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva, cuya redacción está inspirada en una disposición legal aplicable en caso de convenio de las partes del contrato, sustuyéndola por la nueva redacción de esta disposición legal introducida posteriormente a la celebración del contrato, siempre que el contrato en cuesón no pueda subsisr en caso de supresión de esta cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales". A su vez, la parte disposiva del auto del asunto C-486/16 expresa: "El arculo 7, apartado 1, de la Direcva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el principio de efecvidad deben interpretarse, en circunstancias como las que concurren en el ligio principal, en el sendo de que no se oponen a que un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia quede vinculado por una resolución dictada en apelación que ordena que se inicie un procedimiento de ejecución en atención a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones que impone al consumidor el contrato de préstamo hipotecario, y ello a pesar de que ese contrato contenga una cláusula declarada abusiva en una resolución previa que ha adquirido firmeza, pero a la que el Derecho nacional no reconoce fuerza de cosa juzgada". Recurso extraordinario por infracción procesal SEGUNDO.- Primer movo de infracción procesal Planteamiento: 1.- Este primer movo se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC y denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efecva, en relación con el principio de contradicción o audiencia bilateral, que se habría vulnerado al declarar la abusividad del apartado e) de la cláusula 9 del contrato, sin que esta cuesón fuera planteada en la demanda, en el trámite de primera instancia o en la apelación. 2.- En el desarrollo del movo se alega, resumidamente, que tanto la demanda como la sentencia de primera instancia, se refieren a la nulidad del apartado e) de la cláusula de gastos, la 5ª, en la que se conene una referencia a la cláusula 9ª e), que no fue objeto de impugnación en la demanda, ni de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia. Pese a lo cual, la sentencia de la Audiencia Provincial declaró la nulidad de la mencionada cláusula 9ª e), por violación de los arts. 1256 CC y85. 3 TRLGCU, sin que la parte demandada haya tenido oportunidad de pronunciarse sobre su validez. Decisión de la Sala: 1.- El Tribunal de Juscia de la Comunidad Europea (actualmente TJUE), desde la STJCE de 27 de junio de 2000 (caso Océanovs. Murciano Quintero), ha declarado reiteradamente la obligación del juez nacional de examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores "tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello", por varios argumentos básicos: A) Por una razón de juscia material, en consideración a la desigual posición de las partes en los contratos de adhesión concertados con consumidores ( STJUE de 14 de junio de 2012, caso Banesto ): la situación de inferioridad del consumidor mova que el arculo 6, apartado 1, de la Direcva 93/13 prevea que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperava que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas. La situación de desequilibriocexistente entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención posiva, ajena a las partes del contrato. El juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Direcva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. B) Por un objevo de políca general, manifestado en un efecto disuasorio frente a la ulización de cláusulas abusivas ( STJUE de 26 octubre 2006, asunto Mostaza Claro ): "...dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la ulización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores... ". La jurisprudencia del TJUE permite que el juez -aun sin alegación de las partes- realice los controles de inclusión, transparencia y abusividad, al margen del procedimiento o fase en que se suscite, siempre y cuando se respeten los principios de audiencia y contradicción (SSTJUE de 9 de noviembre de 2010 -VB Pénzügyi Lízing- apartado 56; de 14 de junio 2012 -Banco Español de Crédito S.A.- apartado 44; de 21 de febrero de 2013 -Banif Plus Bank Zrt- apartado 24; y de 14 marzo 2013 -Mohamed Aziz- apartado 4). 2.- En este caso, no puede comparrse que la parte recurrente no se haya podido pronunciar sobre la validez de la cláusula 9ª e) y, por tanto, la resolución de la Audiencia Provincial haya vulnerado los principios de audiencia y contradicción. Como quiera que la remisión en la condición general 5 e) a la condición general 9 e) es expresa, resulta claro que la declaración de nulidad de la primera iba a afectar a la segunda, que no es sino una especialidad de aquélla, al referirse específicamente a una modalidad de gastos cargados sobre el prestatario, en este caso, los derivados de la suscripción del seguro a que se refiere la cláusula 9. Por lo que la parte demandada pudo conocer perfectamente la repercusión que una anulación de la condición general sobre gastos podía a tener sobre el contrato de seguro, y pudo defenderse de las alegaciones efectuadas al respecto. Cosa disnta es que, como se dice en la sentencia de primera instancia, la parte demandada, al contestarla demanda, prefiriese centrarse en la cláusula suelo y apenas hacer mención a esta otra condición general. En este orden de cosas, la sentencia de apelación no introduce el tratamiento del seguro de daños como cuesón novedosa, sino que dada la remisión expresa que se hace en la cláusula 5 e) a la cláusula 9, analiza también ésta. Y en el auto de aclaración acota su pronunciamiento a la declaración de nulidad de la necesidad de aceptación por la endad prestamista de la aseguradora elegida por el prestatario, excluyendo las menciones a que los gastos de conservación del inmueble y el seguro de daños serían de cuenta del prestatario. 3.- Asimismo, como recordamos en la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre , con remisión al auto de 6 de noviembre de 2013 (Roj : ATS 10482/2013 ), que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones deducido contra la sentencia del Pleno núm. 241/2013, de 9 de mayo : "[e]n la medida en que sea necesario para lograr la eficacia del Derecho de la Unión, en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales deben atemperar las clásicas rigideces del proceso, de tal forma que, en el análisis de la eventual abusividad de las cláusulas cuya declaración de nulidad fue interesada, no es preciso que nos ajustemos formalmente a la estructura de los recursos. Tampoco es preciso que el fallo se ajuste exactamente al suplico de la demanda, siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la calificación de las cláusulas como abusivas". Y sobre dicha base, el mencionado auto recordó que "[l]a correlación o concordancia entre las peciones de las partes y el fallo de la sentencia en que consiste la congruencia no puede ser interpretada como exigencia de un paralelismo servil del razonamiento de la sentencia con las alegaciones o argumentaciones de las partes, puesto que el deber de congruencia es compable con un análisis críco de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de punto de vista jurídico expresado con el tradicional aforismo "iura novit curia" [el juez conoce el derecho] siempre que ello no suponga una mutación del objeto del proceso que provoque indefensión (por todas, sentencia núm. 365/2013, de 6 de junio )". Lo que, por lo demás, es simple plasmación de la jurisprudencia del TJUE [por todas, STJUE de 4 de junio de 2009, caso Pannon GSM (C-243/08 )]. 4.- Como consecuencia de todo lo cual, este primer movo de infracción procesal debe ser desesmado. TERCERO.- Segundo movo de infracción procesal. Reformao in peius Planteamiento: 1.- Se formula al amparo del art. 469.1.2º LEC , por infracción del art. 465.5 LEC , que conene la prohibición de lareformao inpeius,al incluir el pronunciamiento relavo al mandamiento al tular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para que proceda a la inscripción de las sentencias de primera y segunda instancia, cuando ni se había pedido en la demanda, ni se incluyó en el fallo de la sentencia de primera instancia. 2.- Al desarrollarse el movo se aduce, sintécamente, que si la sentencia de primera instancia no incluyó ningún pronunciamiento al respecto y la parte demandante no recurrió ni impugnó tal decisión, la sentencia de segunda instancia no pudo resolver al respecto sin infringir el art. 465.5 LEC . Decisión de la Sala: 1.- Conforme al art. 22 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC), en su redacción vigente a la fecha en que se dictó la sentencia recurrida: "En todo caso en que hubiere prosperado una acción colecva o una acción individual de nulidad o no incorporación relava a condiciones generales, el Secretario judicial dirigirá mandamiento al tular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para la inscripción de la sentencia en el mismo". De la literalidad de dicho precepto parecería deducirse que habrá de ser en ejecución de la sentencia firme recaída en un ocedimiento sobre nulidad o no incorporación de condiciones generales, cuando el letrado de la administración de juscia habrá de procurar la inscripción registral del pronunciamiento acordado. Sin embargo, nada impide que el tribunal incluya dicha orden en su resolución, ni que lo haga en segunda instancia, pues ello ni mejora ni empeora la situación jurídica de la parte condenada (predisponente de la condición general afectada), puesto que, en todo caso, lo hubiera acordado o no el tribunal en la sentencia de apelación, el pronunciamiento judicial debería tener acceso al Registro de Condiciones Generales de la Contratación, por mandato legal, una vez que la sentencia hubiera quedado firme. En todo caso, lo que supondría una infracción legal sería que no se inscribiese la sentencia en el mencionado Registro. 2.- Por lo que este segundo movo de infracción procesal debe ser desesmado. Recurso de casación CUARTO.- Primer y segundo movos de casación. Asignación al prestatario de los tributos que gravan la operación Planteamiento: 1.- El primer movo de casación se formula con fundamento en el art. 477.1 LEC , por infracción de los arts. 1281.1 y 1288 CC y 6.2 LCGC y la jurisprudencia que los interpreta. En el desarrollo del movo se argumenta resumidamente: (i) que la interpretación que realiza la Audiencia resulta indebidamente amplia y se opone a la doctrina jurisprudencial que determina que, si la claridad de la cláusula no deja duda sobre cuál fue la intención contractual, ha de estarse a su sendo literal; y (ii) que dicha interpretación no ene en cuenta que,en el ámbito de las acciones individuales sobre el alcance de las condiciones generales de la contratación, las dudas deben resolverse en contra del predisponente y a favor del adherente. La sentencia se refiere a todo po de tributos, cuando la cláusula cuesonada sólo se refiere a los que gravan la operación. 2.- El segundo movo de casación se formula al amparo del art. 477.1 LEC , por infracción de los arts. 89.3 , 82.1 y 82.3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLGCU), en relación con los arts. 29 del Real Decreto Legislavo 1/1993 , regulador del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y 68.2 del Real Decreto 828/1995. Al desarrollar el movo, la parte recurrente aduce, sintécamente, que la asignación de los tributos de la operación al consumidor no implica la imposición de gastos o tributos que por ley correspondan al empresario, ni puede causar, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes. Y ello, porque que el único tributo que grava la operación a la que se refiere el préstamo es el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados, en su modalidad de actos jurídicos documentados, cuyo sujeto pasivo es el prestatario. 3.- Al tratar ambos movos sobre una misma cuesón jurídica -la atribución al prestatario/consumidor de los tributos que gravan la contratación del préstamo hipotecario-, los resolveremos conjuntamente. Decisión de la Sala: 1.- Si aceptáramos la argumentación del recurrente en sus propios términos, dado que afirma que la Audiencia Provincial ha hecho una interpretación tan amplia de la cláusula que imputa los tributos que gravan la operación (la constución de un préstamo con garana hipotecaria) que beneficia al predisponente (banco) y perjudica al adherente (prestatario), el movo sería inadmisible, puesto que no se daría, respecto del recurrente, el necesario requisito del gravamen, que exige el art. 448.1 LEC . Pero ello no es así. No es que la sentencia recurrida haga una interpretación demasiado amplia. Lo que no solo es amplio, sino indeterminado, es el tenor literal de la condición general objeto de revisión, que se refiere genéricamente a los tributos que gravan la operación. 2.- La sentencia recurrida no contraviene los arts. 1281.1 y 1288 CC , ni el art. 6.2 LCGC, sino que se ajusta a lo previsto en el art. 89.3 c) TRLGCU, que califica como abusiva la espulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (aunque este precepto se refiere a la compraventa de viviendas, como ya dijimos en la antes mencionada sentencia 705/2015 y en las sentencias 147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo , y 44/2019 , 46/2019 , 47/2019 , 48/2019 , y 49/2019, todas de 23 de enero , la obtención del préstamo hipotecario para su financiación es una fase del conjunto de la operación). Si la cláusula no fuera tan omnicomprensiva en su redacción, sino que hiciese mención a los concretos tributos que se repercuan al prestatario, como un concepto desglosado del coste total de la operación, podría enjuiciarse desde el punto de vista de la transparencia, en relación con la información ofrecida al consumidor ( sentencia 824/2011, de 25 de noviembre ), pero dados sus términos tan genéricos e indisntos, incurre en la prohibición contenida en el citado precepto del TRLGCU, por lo que resulta abusiva. 3.- La propia formulación del segundo movo reconoce implícitamente la inadecuación de la redacción de la condición general, puesto que, si el único tributo aplicable fuera el impuesto sobre actos jurídicos documentados, cuyo sujeto pasivo, en la fecha de contratación del préstamo, era el prestatario, bastaría con que hubiese dicho que tal impuesto sería de cuenta del cliente, o se remiera al pago de los impuestos según ley, o sencillamente no dijera nada al respecto. Pero precisamente porque lo dice y de una manera tan amplia e inconcreta como ya hemos reseñado, es por lo que la Audiencia Provincial interpreta correctamente que no se está refiriendo solo a ese impuesto, ni a los que legalmente consideran sujeto pasivo al prestatario, sino también a otras posibilidades en que el sujeto pasivo es el prestamista. 4.- La conexión que hace la sentencia con la emisión de segundas o ulteriores copias de la escritura de constución del préstamo no es indebida, dada la indeterminación de la redacción de la condición general controverda, que es la que no hace disnción alguna. Ni tampoco es inadecuado, desde el punto de vista del art. 82.3 TRLGCU, que se refiere a las circunstancias concurrentes en el momento de celebrarse el contrato, puesto que nuevamente es la imprecisión de la cláusula la que permiría poder gravar al prestatario conforme a cambios legislavos futuros. 5.- Por lo que los dos primeros movos de casación deben ser desesmados. QUINTO.- Tercer movo de casación. Aranceles notariales y registrales y gastos de tramitación Planteamiento: 1.- También al amparo del art. 477.1 LEC , el tercer movo de casación denuncia la infracción de los arts. 89.2 y 89.3 TRLGCU, en relación con la norma 6ª del Anexo II del Real Decreto 1426/1989 y de la norma 8ª del Anexo II del Real Decreto 1427/1989 . 2.- Se refiere este movo a los apartados b) y d) de la condición general 5ª: "b) Aranceles notariales y registrales relavos a la constución, modificación o cancelación de la hipoteca que en esta escritura se constuye así como los de las actas, solicitudes y asientos correspondientes a las entregas del capital prestado". "d) Gastos de tramitación de esta escritura en el Registro de la Propiedad y en la oficina Liquidadora del Impuesto, así como una copia de la misma, liquidada e inscrita en el Registro de la Propiedad para la Caja, que se expide sin finalidad ejecuva, y los de una copia que la Caja tuviera, en su caso, necesidad de solicitar con eficacia ejecuva". En el desarrollo del movo, se sosene que lo dispuesto en el arculo 89.2 TRLGCU no guarda relación alguna con lo previsto en los apartados que se cuesonan de la cláusula, puesto que el devengo de aranceles notariales y registrales relavos a la constución , modificación o cancelación de la hipoteca, así como los gastos de tramitación de la escritura en el Registro de la Propiedad y en la oficina liquidadora del impuesto, no se debe a un error administravo o de gesón, sino a la efecva prestación de unos servicios al beneficiario de la operación de concesión del préstamo con garana hipotecaria. Además, se dice que estos pactos tampoco serían abusivos por no prever una distribución equitava de estos gastos y que la interpretación adecuada de la normava de aranceles de notarios y registradores obliga a concluir que estos aranceles nose imponen al prestamista sino al prestatario, al ser el adquirente del bien o derecho. Decisión de la Sala: 1.- Sobre la atribución de los gastos notariales y registrales al prestatario consumidor nos hemos pronunciado en las sentencias del pleno de esta Sala 44/2019 , 46/2019 , 47/2019 , 48/2019 y 49/2019, todas de 23 de enero . A las que nos remimos,para evitar inúles reiteraciones. En la medida en que la sentencia recurrida se ajusta a la jurisprudencia contenida en dichas resoluciones, ha de ser confirmada. 2.- La mención al art. 82.2 TRLGCU no es ociosa, porque la modificación de las escritura de préstamo, con sus consiguientes gastos, puede deberse a errores que no son imputables al consumidor, por lo que su atribución indiscriminada al prestatario no ene amparo normavo. 3.- En aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, este movo de casación también debe perecer. SEXTO.- Quinto y sexto movos de casación. Vencimiento ancipado. Planteamiento. Resolución conjunta 1.- El quinto movo denuncia la infracción de los arts. 1124 , 1157 y 1169 CC , en relación con la doctrina contenida en las SSTS de 16 de diciembre de 2009 , 12 de diciembre de 2008 y 4 de junio de 2008 . En su desarrollo, se sosene, resumidamente, que la interpretación adecuada de la cláusula es que se limita a prever la facultad de ancipar el vencimiento ante el impago de cualquier cuota, que puede ser considerado incumplimiento de una obligación esencial. En el movo sexto, que se plantea con carácter subsidiario, para el caso de que se considerara que la cláusula de vencimiento ancipado es nula, se denuncia la infracción del principio de conservación de los contratos, según la doctrina de las SSTS de 15 de enero de 2013 , 1 de julio de 2010 , 20 de marzo de 2013 y 22 de diciembre de 2008 . En su desarrollo, se argumenta que la sentencia ha vulnerado este principio, al extender la nulidad declarada a la totalidad de la cláusula, sin limitarse al inciso sobre el que recaería el reproche de abusividad. 2.- La cláusula cuesonada dice: "6ª bis. Resolución ancipada por la endad de crédito: Además de lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 1ª bis, la Caja, sin necesidad de requerimiento previo, podrá dar por vencido el préstamo y exigir judicialmente la totalidad de la deuda, tanto de las candades vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses, demoras, gastos y costas, en los siguientes casos: a) Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas de amorzación, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando expresamente las partes la constancia de este pacto en los libros del Registro de la propiedad, según lo dispuesto en el arculo 693 de la Ley 1/2000 . f) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato". 3.- Por la evidente conexidad argumental entre ambos movos, se esolverán conjuntamente, tomando como base de parda lo establecido por las sentencias de esta sala 705/2015, de 23 de diciembre , y 79/2016, de 18 de febrero , en relación con la STJUE de 26 de marzo de 2019 (asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17 ) y los AATJUE de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16, C-167/16 y C-486/16 ). SÉPTIMO.- Doctrina jurisprudencial sobre el vencimiento ancipado 1.- Decíamos en las dos sentencias antes indicadas que, en nuestro ordenamiento jurídico, el art. 1129 CC prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor "pierde" el derecho a ulizar el plazo; y el art. 1124 del mismo Código permite la resolución de las obligaciones bilaterales en caso de incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, tal posibilidad está expresamente contemplada en el art. 693.2 LEC , siempre y cuando se haya pactado expresamente. Con anterioridad a tales sentencias, la sala no había negado la validez de las cláusulas de vencimiento ancipado, siempre que estuviera claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pudiera quedar al arbitrio del prestamista, en contravención de lo dispuesto en el art. 1256 CC ( sentencias 506/2008, de 4 de junio ; o 792/2009, de 16 de diciembre ). En cuanto a la jurisprudencia del TJUE, la sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 (Aziz), sin declararlo de manera expresa, dio a entender que una cláusula que preveía el vencimiento ancipado por falta de pago de alguno de los plazos, sin ser abusivaper se, podía considerarse como tal atendiendo a las circunstancias del caso. En este sendo, señala en el apartado 73 que: En parcular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relava al vencimiento ancipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente,como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida ancipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento ene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuana del préstamo, si dicha facultad constuye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento ancipado del préstamo". Lo que fue confirmado por el posterior Auto del TJUE de 8 de julio de 2015 (asunto C-90/14 ), que mediante la invocación del art. 4.1 de la Direcva 93/13 (el juicio de abusividad debe hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios que sean objeto del contrato en cuesón y considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración), reiteró la doctrina de la sentenciaAziz. En suma, para que una cláusula de vencimiento ancipado supere los mencionados estándares debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuana del préstamo, y permir al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación. 2.- En todo caso, ha de tenerse presente que la posible abusividad proviene de los términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento ancipado, no de la mera previsión de vencimiento ancipado, que no esper seilícita. Cuando el examen se plantee en relación con la ejecución de bienes hipotecados, habrá que estar a lo dispuesto en el art. 693.2 LEC , que en la redacción vigente a la fecha en que se dictó la sentencia recurrida decía: "Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenioconstase en la escritura de constución en el asiento respecvo". Precepto que ha de serinterpretado conforme a lo dispuesto por el TJUE en el Auto de 11 de junio de 2015 (asunto C-602/13 ), que declara: "[l]a Direcva 93/13 debe interpretarse en el sendo de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter "abusivo" -en el sendo del arculo 3, apartado 1, de la propia Direcva 93/13 - de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuesón". Es decir, ante el pacto de vencimiento ancipado en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en su redacción anterior a la ley 5/2019), los tribunales deben valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento ancipado por parte del acreedor está jusficado, en función de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuana y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya mencionada STJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11 ). OCTAVO.- Asunción de la doctrina establecida por el TJUE en la sentencia de 26 de marzo de 2019 y losAATJUE de 3 de julio de 2019 1.- La STJUE de 26 de marzo de 2019, que da respuesta a la peción de decisión prejudicial planteada por este tribunal en el presente recurso, establece cinco premisas de las que necesariamente hemos de parr: i. La cláusula declarada abusiva no puede ser fragmentada a fin de dotar de validez a una parte de su contenido. ii. La jurisprudencia de esta sala sobre la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, sobre cuyo ajuste a la Direcva fue directamente interpelado el TJUE, no es contraria a los arts. 6 y 7 de la Direcva 93/13/CEE , de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En parcular, el fallo de la mencionada STJUE indica que los arts. 6 y 7 de la Direcva: "[n]o se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustuyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuesón no pueda subsisr en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales". iii. Corresponde a los tribunales nacionales determinar si, una vez declarada abusiva la cláusula de vencimiento ancipado, el contrato puede subsisr. iv. Para la decisión sobre la subsistencia del contrato, el apartado 60 de la STJUE establece que deberá adoptarse un enfoque objevo y se remite expresamente al apartado 32 de la STJUE de 15 de marzo de 2012, Perenicová y Perenic , C-453/10 , que dice: "Por lo que se refiere a los criterios que permiten determinar si un contrato puede efecvamente subsisr sin las cláusulas abusivas, procede señalar que tanto el tenor del arculo 6, apartado 1, de la Direcva 93/13 como los requisitos relavos a la seguridad jurídica de las acvidades económicas abogan por un enfoque objevo a la hora de interpretar esta disposición, de manera que, como ha señalado la Abogado General en los puntos 66 a 68 de sus conclusiones, la posición de una de las partes en el contrato, en el presente caso el consumidor, no puede considerarse el criterio decisivo que decida sobre el ulterior desno del contrato". v. Únicamente si se entendiera que el contrato puede subsisr sin la cláusula de vencimiento ancipado sería relevante la postura (opción) del consumidor. No así cuando se considere que el contrato no puede subsisr. Estas premisas son básicamente reproducidas por los AATJUE de 3 de julio de 2019 recaídos en los asuntos C-92/16 yC-167/16 . Si bien, el ATJUE de 3 de julio recaído en el asunto C-486/16 , introduce algunas consideraciones adicionales, fundamentalmente las dos siguientes: a. Es posible que, si se cumplen los requisitos del art. 693.2 LEC (tras su reforma por la Ley 1/2013), se pueda despachar ejecución hipotecaria, aunque en el contrato hubiera una cláusula de vencimiento ancipado declarada abusiva por resolución judicial firme, ya que "las consecuencias económicas sufridas por el consumidor no se derivan de la cláusula abusiva, sino del incumplimiento contractual consistente en no sasfacer las cuotas mensuales de amorzación, que constuye su obligación esencial en el marco del contrato de préstamo celebrado". b. No existe ningún elemento que permita dudar de la conformidad de la normava nacional con el principio de efecvidad. 2.- En las SSTJUE de 7 de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés (C-96/16 y C-94/17 ) -apartado 68-, y 14 de marzo de 2019,Dunai,( C-118/17 ) -apartado 63-,el Tribunal de Juscia recuerda que no puede excluirse que los órganos jurisdiccionales superiores de un Estado miembro estén facultados, al ejercer su función de armonización de la nterpretación del Derecho y en aras de la seguridad jurídica, dentro del respeto de la Direcva 93/13, para elaborar determinados criterios que sirvan de guía a los tribunales inferiores a la hora de examinar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Eso es lo que haremos a connuación, una vez conocidas todas las resoluciones del TJUE sobre las cuesones prejudiciales planteadas en relación con el vencimiento ancipado. 3.- La STJUE de 15 de marzo de 2012,Perenicová, a la que, como hemos visto se remiten expresamente la STJUE de 26 de marzo de 2019 y los tres AATJUE de 3 de julio siguiente, hacía suyas expresamente las conclusiones de la Abogada General en dicho asunto, cuyos apartados 67 y 68 decían: "67. [...] Junto a una mejor protección del consumidor, el legislador perseguía, según el sépmo considerando, esmular la acvidad comercial en el ámbito de aplicación de la Direcva [...]. No obstante, una acvidad comercial solo podrá desarrollarse allí donde se garance la seguridad jurídica de los agentes económicos. Esta incluye la protección de la confianza de los agentes económicos en la connuidad de las relaciones contractuales. Una normava según la cual la eficacia de un contrato en su conjunto dependa únicamente del interés de una parte contractual puede no solo no fomentar esa confianza, sino que podría incluso quebrantarla a largo plazo. De la misma manera que, de tal modo, podría reducirse la disposición de los profesionales a llegar a acuerdos con los consumidores, la finalidad del establecimiento del mercado interior podría fracasar. El arculo 6 de la Direcva 93/13 también ene en cuenta esta finalidad al limitarse a procurar el equilibrio en las relaciones contractuales". "68. "[..] la actud subjeva del consumidor hacia el, por lo demás, contrato residual que no haya de calificarse de abusivo no puede considerarse un criterio decisivo que decida sobre su ulterior desno. A mi juicio serían, en cambio, decisivos otros factores como por ejemplo la posibilidad material objevamente apreciable de la aplicación subsiguiente del contrato. Lo úlmo podría eventualmente negarse cuando, como consecuencia de la nulidad de una o de varias cláusulas, hubiera desaparecido el fundamento para la celebración del contrato desde la perspecva de ambas partes contratantes. Excepcionalmente podría por ejemplo considerarse una nulidad total del contrato cuando pudiera darse por supuesto que el negocio no se habría realizado sin las cláusulas nulas conforme a la voluntad común real o hipotéca de ambas partes porquela finalidad o la naturaleza jurídica del contrato ya no sean las mismas. El examen de si estos requisitos se cumplen en el caso concreto corresponde al juez nacional que deba aplicar la Direcva 93/13 o su normava de transposición". 4.- Resulta también de interés la jurisprudencia establecida por el TJCE desde la sentencia de 1 de abril de 2004 (C-237/02 ),Freiburger Kommunalbauten, en la que el Tribunal, al parr del art. 4.1 de la Direcva 93/13 , conforme al cual el carácter abusivo de una determinada cláusula contractual "debe apreciarse teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración", señaló específicamente la necesidad de considerar la cláusula contractual controverda en el contexto general del Derecho nacional pernente y, en especial, que "deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional" (doctrina reproducida, entre otras, en las SSTJUE de 14 de marzo de 2013,Aziz; y 26 de enero de 2017,Banco Primus). 5.- Hemos declarado ( sentencias del pleno de la sala 46/2019 , 47/2019 , 48/2019 y 49/2019, todas de 23 de enero ) que, en el Derecho español, aunque en el contrato de préstamo hipotecario se incluyen dos figuras jurídicas diferentes, el préstamo (contrato) y la hipoteca (derecho real), ambas son inescindibles y conforman una instución unitaria. Puesto que como estableció la sentencia 1331/2007, de 10 de diciembre , "el crédito garanzado con hipoteca (crédito hipotecario) no es un crédito ordinario, ya que está subsumido en un derecho real de hipoteca, y por ello es tratado jurídicamente de forma disnta". El TJUE también ha considerado el contrato de préstamo hipotecario como un solo contrato con dos facetas -préstamo y garana- [apartados 59 y 60 de la STJUE de 26 de marzo de 2019 y los dos apartados 49 y 50 -idéncos- de los AATJUE de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16, C-167/16 )]. Y así se concibe, igualmente, en el art. 3.1 a) de la Direcva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 , sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. 6.- Sobre esta base, si bien en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de la cláusula de vencimiento ancipado no comporta la desaparición completa de las facultades del acreedor hipotecario, resulta evidente que conlleva la restricción de la facultad esencial del derecho de hipoteca, que es la que atribuye al acreedor el poder de forzar la venta de la cosa hipotecada para sasfacer con su precio el importe debido ( art. 1858 CC ). En parcular, en un contrato de préstamo hipotecario de larga duración, la garana se desnaturaliza, pierde su sendo. 7.- En el préstamo hipotecario, la causa del préstamo y la causa de la hipoteca están entrelazadas y no pueden fragmentarse,pues atañen tanto a la obtención del préstamo por el consumidor en condiciones económicas más ventajosas, como a laarana real que ene el prestamista en caso de impago. En la sentencia 606/1997, de 3 de julio , establecimos que: "En el negocio jurídico de constución de hipoteca, la causa es la creación de un derecho real con la función de garana de una obligación; a su vez, tal derecho real de hipoteca, ya constuido, es un derecho de carácter accesorio que sólo subsiste si hay obligación garanzada". La causa pica del contrato de hipoteca consiste esencialmente en el aseguramiento de una obligación, y no en la misma relación obligatoria asegurada, pese a que el principio de accesoriedad del gravamen conlleve que la existencia y licitud del crédito sean presupuestos indispensables para la propia validez del contrato de garana. Es por esta razón que el art. 12 de la Ley Hipotecaria establece que en la inscripción del derecho real de hipoteca se idenficarán las obligaciones garanzadas. Se trata de causas interdependientes, en cuanto que la suerte de la garana dependerá de las vicisitudes de la obligación garanzada, pero no a la inversa. Ya en la exposición de movos de la Ley Hipotecaria de 18
 

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