Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

Jurisprudencia



Fecha resolución:           



Luxemburgo nļ de 26 de marzo de 2019


PONENTE: Sr- Rodin
En los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17, que ÓÄÄenen por objeto sendas peÓÄÄciones de decisi√≥n prejudicial planteadas, con arreglo al arÓÄĀculo 267 TFUE, respecÓÄÄvamente, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 8 de febrero de 2017, recibido en el Tribunal de JusÓÄÄcia el 9 de febrero de 2017, y por el Juzgado de Primera Instancia n.¬ļ 1 de Barcelona, mediante auto de 30 de marzo de 2017, recibido en el Tribunal de JusÓÄÄcia el 7 de abril de 2017, en los procedimientos entre Abanca Corporaci√≥n Bancaria, S.A., y Alberto Garc√≠a Salamanca Santos (C-70/17), y Bankia, S.A., y Alfonso Antonio Lau Mendoza, Ver√≥nica Yuliana Rodr√≠guez Ram√≠rez (C-179/17), EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta, Vicepresidenta, la Sra. A. Prechal, los Sres. M. Vilaras y F. Biltgen, la Sra. K. J√ľrim√§e y el Sr. C. Lycourgos, Presidentes de Sala, y los Sres. E. Juh√°sz, M. IleŇ°ińć, E. Levits, L. Bay Larsen, D. ҆v√°by y S. Rodin (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. M. Szpunar; Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de mayo de 2018; consideradas las observaciones presentadas: - en nombre de Abanca Corporaci√≥n Bancaria, S.A., inicialmente por los Sres. J. Massaguer Fuentes y C. Vendrell Cervantes, abogados, y posteriormente por el Sr. D. Sarmiento Ram√≠rez-Escudero, abogado; - en nombre de Bankia, S.A., por el Sr. J.M. Rodr√≠guez C√°rcamo y la Sra. A.M. Rodr√≠guez Conde, abogados; - en nombre del Gobierno espa√Īol, por la Sra. M.J. Garc√≠a-Valdecasas Dorrego, en calidad de agente; - en nombre del Gobierno h√ļngaro, por el Sr. M.Z. Feh√©r, en calidad de agente; - en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente; - en nombre de la Comisi√≥n Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y N. Ruiz Garc√≠a y por la Sra. A. Cleenewerck de Crayencour, en calidad de agentes; o√≠das las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia p√ļblica el 13 de sepÓÄÄembre de 2018; dicta la siguiente Sentencia 1 Las peÓÄÄciones de decisi√≥n prejudicial ÓÄÄenen por objeto la interpretaci√≥n de la DirecÓÄÄva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl√°usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; correcci√≥n de errores en DO 2015, L 137, p. 13), en parÓÄÄcular de sus arÓÄĀculos 6 y 7. La peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial correspondiente al asunto C-70/17 se ha presentado en el contexto de un liÓÄÄgio entre Abanca Corporaci√≥n Bancaria, S.A., y el Sr. Alberto Garc√≠a Salamanca Santos en relaci√≥n con las consecuencias que deben extraerse de la declaraci√≥n del car√°cter abusivo de la cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado incluida en el apartado 6 bis del contrato de pr√©stamo con garanÓÄĀa hipotecaria celebrado entre esas dos partes. 3 La peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial correspondiente al asunto C-179/17 se ha presentado en el contexto de un liÓÄÄgio entre, por un lado, Bankia, S.A., y, por otro, el Sr. Alfonso Antonio Lau Mendoza y la Sra. Ver√≥nica Yuliana Rodr√≠guez Ram√≠rez en relaci√≥n con la demanda de ejecuci√≥n hipotecaria, pendiente ante el √≥rgano jurisdiccional remitente, dirigida contra un bien hipotecado en garanÓÄĀa del pago de un pr√©stamo. Marco jur√≠dico Derecho de la Uni√≥n 4 El vigesimocuarto considerando de la DirecÓÄÄva 93/13 expone ¬ęque los √≥rganos judiciales y autoridades administraÓÄÄvas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cl√°usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores¬Ľ. 5 A tenor del arÓÄĀculo 1, apartado 1, de dicha DirecÓÄÄva: ¬ęEl prop√≥sito de la presente DirecÓÄÄva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administraÓÄÄvas de los Estados miembros sobre las cl√°usulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.¬Ľ 6 El arÓÄĀculo 3 de la citada DirecÓÄÄva ÓÄÄene el siguiente tenor: ¬ę1. Las cl√°usulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerar√°n abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerar√° que una cl√°usula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en parÓÄÄcular en el caso de los contratos de adhesi√≥n. [...]¬Ľ 7 El arÓÄĀculo 6, apartado 1, de esta DirecÓÄÄva dispone: ¬ęLos Estados miembros establecer√°n que no vincular√°n al consumidor, en las condiciones esÓÄÄpuladas por sus derechos nacionales, las cl√°usulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondr√°n que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos t√©rminos, si este puede subsisÓÄÄr sin las cl√°usulas abusivas.¬Ľ 8 Seg√ļn el arÓÄĀculo 7, apartado 1, de la DirecÓÄÄva 93/13: ¬ęLos Estados miembros velar√°n por que, en inter√©s de los consumidores y de los compeÓÄÄdores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cl√°usulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.¬Ľ Derecho espa√Īol 9 El arÓÄĀculo 1124 del C√≥digo Civil establece: ¬ęLa facultad de resolver las obligaciones se enÓÄÄende impl√≠cita en las rec√≠procas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podr√° escoger entre exigir el cumplimiento o la resoluci√≥n de la obligaci√≥n, con el resarcimiento de da√Īos y abono de intereses en ambos casos. Tambi√©n podr√° pedir la resoluci√≥n, aun despu√©s de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible. El Tribunal decretar√° la resoluci√≥n que se reclame, a no haber causas jusÓÄÄficadas que le autoricen para se√Īalar plazo.¬Ľ 10 A tenor del arÓÄĀculo 1303 del C√≥digo Civil: ¬ęDeclarada la nulidad de una obligaci√≥n, los contratantes deben resÓÄÄtuirse rec√≠procamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los arÓÄĀculos siguientes.¬Ľ 11 Seg√ļn el arÓÄĀculo 1857, apartado 1, del C√≥digo Civil, uno de los requisitos esenciales de los contratos de hipoteca consiste en que se consÓÄÄtuyan ¬ępara asegurar el cumplimiento de una obligaci√≥n principal¬Ľ. 12 El arÓÄĀculo 1858 del C√≥digo Civil dispone: ¬ęEs tambi√©n de esencia de estos contratos que, vencida la obligaci√≥n principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor.¬Ľ 13 A tenor del arÓÄĀculo 1876 del mismo C√≥digo: ¬ęLa hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligaci√≥n para cuya seguridad fue consÓÄÄtuida.¬Ľ 14 La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.¬ļ 7, de 8 de enero de 2000, p. 575; en lo sucesivo, ¬ęLEC¬Ľ), fue modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci√≥n a los deudores hipotecarios, reestructuraci√≥n de deuda y alquiler social (BOE n.¬ļ 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), y posteriormente por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la invesÓÄÄgaci√≥n, el desarrollo y la innovaci√≥n (BOE n.¬ļ 155, de 29 de junio de 2013, p. 48767), y por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de sepÓÄÄembre, de medidas urgentes en materia concursal (BOE n.¬ļ 217, de 6 de sepÓÄÄembre de 2014, p. 69767). 15 El arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, en la redacci√≥n vigente cuando se firmaron los contratos de pr√©stamo hipotecario objeto de los liÓÄÄgios principales, dispon√≠a lo siguiente: ¬ęPodr√° reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de alguno de los plazos diferentes y este convenio constase inscrito en el Registro.¬Ľ 16 Con arreglo a ese mismo arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, relaÓÄÄvo al vencimiento anÓÄÄcipado de deudas a plazos, en su versi√≥n posterior a la firma de los contratos a los que se refieren los liÓÄÄgios principales: ¬ęPodr√° reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligaci√≥n de pago o un n√ļmero de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligaci√≥n por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de consÓÄÄtuci√≥n y en el asiento respecÓÄÄvo.¬Ľ 17 El arÓÄĀculo 695 de la LEC, relaÓÄÄvo a la oposici√≥n a la ejecuci√≥n de inmuebles hipotecados, en su versi√≥n posterior a la firma de los contratos a los que se refieren los liÓÄÄgios principales, ÓÄÄene la siguiente redacci√≥n: ¬ę1. En los procedimientos a que se refiere este Cap√≠tulo solo se admiÓÄÄr√° la oposici√≥n del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: [...] 4.¬™ El car√°cter abusivo de una cl√°usula contractual que consÓÄÄtuya el fundamento de la ejecuci√≥n o que hubiese determinado la canÓÄÄdad exigible. 2. Formulada la oposici√≥n a la que se refiere el apartado anterior, el Letrado de la Administraci√≥n de JusÓÄÄcia suspender√° la ejecuci√≥n y convocar√° a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecuci√≥n, debiendo mediar quince d√≠as desde la citaci√≥n, comparecencia en la que el Tribunal oir√° a las partes, admiÓÄÄr√° los documentos que se presenten y acordar√° en forma de auto lo que esÓÄÄme procedente dentro del segundo d√≠a. 3. [...] De esÓÄÄmarse la causa 4.¬™, se acordar√° el sobreseimiento de la ejecuci√≥n cuando la cl√°usula contractual fundamente la ejecuci√≥n. En otro caso, se conÓÄÄnuar√° la ejecuci√≥n con la inaplicaci√≥n de la cl√°usula abusiva. 4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecuci√≥n, la inaplicaci√≥n de una cl√°usula abusiva o la desesÓÄÄmaci√≥n de la oposici√≥n por la causa prevista en el apartado 1.4.¬ļ anterior, podr√° interponerse recurso de apelaci√≥n. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposici√≥n a que se refiere este arÓÄĀculo no ser√°n suscepÓÄÄbles de recurso alguno y sus efectos se circunscribir√°n exclusivamente al proceso de ejecuci√≥n en que se dicten.¬Ľ 18 El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto LegislaÓÄÄvo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE n.¬ļ 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), en su versi√≥n modificada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo (BOE n.¬ļ 76, de 28 de marzo de 2014, p. 26967), dispone en su arÓÄĀculo 83: ¬ęLas cl√°usulas abusivas ser√°n nulas de pleno derecho y se tendr√°n por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarar√° la nulidad de las cl√°usulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguir√° siendo obligatorio para las partes en los mismos t√©rminos, siempre que pueda subsisÓÄÄr sin dichas cl√°usulas.¬Ľ LiÓÄÄgios principales y cuesÓÄÄones prejudiciales Asunto C-70/17 19 Mediante contrato suscrito el 30 de mayo de 2008, la enÓÄÄdad bancaria Abanca Corporaci√≥n Bancaria concedi√≥ al Sr.Garc√≠a Salamanca Santos y a la Sra. Varela Pena un pr√©stamo con garanÓÄĀa hipotecaria por un importe de 100 000 euros y con un plazo de devoluci√≥n de treinta a√Īos. 20 La cl√°usula 6 bis de ese contrato, relaÓÄÄva a su resoluci√≥n anÓÄÄcipada, ÓÄÄene la siguiente redacci√≥n: ¬ę6 bis. Resoluci√≥n anÓÄÄcipada por la enÓÄÄdad de cr√©dito. La Caja, sin necesidad de requerimiento previo, podr√° dar por vencido el pr√©stamo y exigir judicialmente la totalidad de la deuda, tanto de las canÓÄÄdades vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses, demoras, gastos y costas, en los siguientes casos: a) Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas de amorÓÄÄzaci√≥n, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando expresamente las partes la constancia de este pacto en los libros del Registro de la propiedad, seg√ļn lo dispuesto en el arÓÄĀculo 693 de la [LEC]. ..]¬Ľ 21 El Sr. Garc√≠a Salamanca Santos present√≥ una demanda ante el juzgado competente en primera instancia en la que solicitaba que se anulasen varias cl√°usulas de dicho contrato de pr√©stamo hipotecario, entre ellas la cl√°usula 6 bis, por considerarlas abusivas. 22 El juzgado competente en primera instancia esÓÄÄm√≥ la demanda y declar√≥ la nulidad, entre otras, de la cl√°usula 6 bis de ese mismo contrato de pr√©stamo hipotecario. 23 Abanca Corporaci√≥n Bancaria recurri√≥ en apelaci√≥n la sentencia ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, la cual desesÓÄÄm√≥ el recurso mediante sentencia de 14 de mayo de 2014 confirmando, de este modo, la sentencia dictada en primera instancia. 24 Abanca Corporaci√≥n Bancaria recurri√≥ en casaci√≥n ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. 25 El tribunal remitente considera, en primer lugar, que la cl√°usula 6 bis es abusiva en la medida en que permite el vencimiento anÓÄÄcipado del contrato de pr√©stamo hipotecario en caso de impago por el deudor de una √ļnica cuota del pr√©stamo. Asimismo,expresa sus dudas acerca de la posibilidad, habida cuenta de lo dispuesto en el arÓÄĀculo 6, apartado 1, de la DirecÓÄÄva 93/13,de declarar una cl√°usula contractual parcialmente abusiva, permiÓÄÄendo la subsistencia de la parte de esa cl√°usula que no se considera abusiva. A este respecto, esÓÄÄma fundamentalmente que la eliminaci√≥n del elemento abusivo de una cl√°usula contractual y el mantenimiento del resto de su contenido que no tenga car√°cter abusivo no consÓÄÄtuyen una integraci√≥n o una susÓÄÄtuci√≥n del contenido contractual. 26 En segundo lugar, el √≥rgano jurisdiccional remitente plantea la duda de si es conforme con lo dispuesto en la DirecÓÄÄva 93/13 la aplicaci√≥n de una disposici√≥n supletoria de Derecho nacional para permiÓÄÄr la conÓÄÄnuaci√≥n del procedimiento de ejecuci√≥n hipotecaria iniciado tras ejercitarse una cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado de un contrato de pr√©stamo, cuyo car√°cter abusivo ha sido declarado por un √≥rgano jurisdiccional nacional, en la medida en que este procedimiento se considera m√°s favorable para los consumidores que el procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria. 27 En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidi√≥ suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de JusÓÄÄcia las cuesÓÄÄones prejudiciales siguientes: ¬ę1) ¬ŅDebe interpretarse el arÓÄĀculo 6.1 de la DirecÓÄÄva 93/13[...] en el senÓÄÄdo de que admite la posibilidad de que un tribunal nacional, al enjuiciar la abusividad de una cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado incorporada en un contrato de pr√©stamo hipotecario celebrado con un consumidor que prev√© el vencimiento por impago de una cuota, adem√°s de otros supuestos de impago por m√°s cuotas, aprecie la ab usividad solo del inciso o supuesto del impago de una cuota y mantenga la validez del pacto de vencimiento anÓÄÄcipado por impago de cuotas tambi√©n previsto con car√°cter general en la cl√°usula, con independencia de que el juicio concreto de validez o abusividad deba diferirse al momento del ejercicio de la facultad [de declarar el vencimiento anÓÄÄcipado del pr√©stamo]? 2) ¬ŅTiene facultades un tribunal nacional, conforme a la DirecÓÄÄva 93/13[...], para -una vez declarada abusiva una cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado de un contrato de pr√©stamo o cr√©dito con garanÓÄĀa hipotecaria- poder valorar que la aplicaci√≥n supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la conÓÄÄnuaci√≥n del proceso de ejecuci√≥n contra el consumidor, resulta m√°s favorable para el mismo que sobreseer dicho proceso especial de ejecuci√≥n hipotecaria y permiÓÄÄr al acreedor instar la resoluci√≥n del contrato de pr√©stamo o cr√©dito, o la reclamaci√≥n de las canÓÄÄdades debidas, y la subsiguiente ejecuci√≥n de la sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecuci√≥n especial hipotecaria reconoce al consumidor?¬Ľ Asunto C-179/17 28 El 22 de junio de 2005, la Sra. Rodr√≠guez Ram√≠rez y el Sr. Lau Mendoza celebraron con el banco Bankia un contrato de pr√©stamo hipotecario por un importe de 188 000 euros y con un plazo de devoluci√≥n de treinta y siete a√Īos. 29 La cl√°usula 6 bis de este contrato, con la r√ļbrica ¬ęResoluci√≥n anÓÄÄcipada por la enÓÄÄdad de cr√©dito¬Ľ, prev√© lo siguiente: ¬ęNo obstante el plazo esÓÄÄpulado de duraci√≥n del presente contrato, la Caja acreedora podr√° dar por vencido el pr√©stamo, consider√°ndolo resuelto y anÓÄÄcipadamente vencida la deuda en su totalidad [entre otros supuestos] por la falta de pago a su vencimiento de uno, varios o todos los plazos establecidos en la cl√°usula [relaÓÄÄva a la amorÓÄÄzaci√≥n].¬Ľ 30 Tras el impago de treinta y seis cuotas por parte de los demandados en el liÓÄÄgio principal, Bankia present√≥ ante el Juzgado de Primera Instancia n.¬ļ 1 de Barcelona una demanda de ejecuci√≥n hipotecaria del bien sobre el que se consÓÄÄtuy√≥ la hipoteca en garanÓÄĀa del pago del pr√©stamo concedido. 31 El juzgado remitente se√Īala que, seg√ļn la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando un √≥rgano jurisdiccional que conoce del procedimiento especial de ejecuci√≥n hipotecaria aprecie que este procedimiento se basa en una cl√°usula abusiva que, en parÓÄÄcular, permite el vencimiento anÓÄÄcipado del contrato de pr√©stamo en caso de impago de una mensualidad, debe conÓÄÄnuar dicho procedimiento en lugar de acordar el sobreseimiento de la ejecuci√≥n en virtud del arÓÄĀculo 695, apartados 1 y 3, de la LEC. Afirma que para ello es preciso remplazar tal cl√°usula por la regla establecida en el arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, en su versi√≥n posterior a la firma del contrato de pr√©stamo hipotecario mencionado en el apartado 28 de la presente sentencia, la cual permite el vencimiento anÓÄÄcipado del pr√©stamo en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales. 32 Seg√ļn el juzgado remitente, resulta de esta jurisprudencia que el sobreseimiento de la ejecuci√≥n implica que el banco podr√≠a, tras acordarse dicho sobreseimiento, invocar el arÓÄĀculo 1124 del C√≥digo Civil, que permite ejercitar una acci√≥n tendente a que el √≥rgano jurisdiccional competente declare resuelto el contrato. La resoluci√≥n judicial derivada de esta acci√≥n podr√° fundamentar un procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria dirigido contra todos los bienes del deudor, incluida su vivienda. 33 El juzgado remitente se√Īala asimismo que, seg√ļn el Tribunal Supremo, cuando el bien hipotecado es la vivienda del deudor, el procedimiento especial de ejecuci√≥n hipotecaria presenta diferentes parÓÄÄcularidades dirigidas a proteger a ese deudor que no se contemplan en el procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria. Entre estas parÓÄÄcularidades, el juzgado remitente menciona, en parÓÄÄcular, la posibilidad de que el deudor obtenga la liberaci√≥n del bien, la aplicaci√≥n de un precio m√≠nimo por debajo del cual no puede venderse la vivienda del deudor en p√ļblica subasta y la facultad de que el deudor quede liberado de su deuda cuando el importe obtenido en la subasta sea insuficiente para cubrir √≠ntegramente el cr√©dito. Habida cuenta de estas parÓÄÄcularidades, seg√ļn afirma el juzgado remitente, el Tribunal Supremo ha apreciado que el procedimiento especial de ejecuci√≥n hipotecaria es m√°s favorable para los intereses de los consumidores que el procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria iniciado a ra√≠z de una acci√≥n declaraÓÄÄva fundada en el arÓÄĀculo 1124 del C√≥digo Civil. 34 No obstante, el juzgado remitente alberga dudas en cuanto a la compaÓÄÄbilidad del criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo con los arÓÄĀculos 6 y 7 de la DirecÓÄÄva 93/13. 35 Por una parte, cuesÓÄÄona que el procedimiento de ejecuci√≥n hipotecaria sea m√°s ventajoso que la resoluci√≥n judicial del contrato de pr√©stamo hipotecario basada en el arÓÄĀculo 1124 del C√≥digo Civil y el inicio de un procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria. A este respecto, se√Īala que en el procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria el consumidor podr√≠a, en la pr√°cÓÄÄca, ganar ÓÄÄempo y evitar moment√°neamente que le lancen de su vivienda. Adem√°s, un an√°lisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la redacci√≥n del arÓÄĀculo 1124 del C√≥digo Civil pone de manifiesto, seg√ļn el √≥rgano jurisdiccional remitente, que, en el caso de pr√©stamos hipotecarios desÓÄÄnados a la adquisici√≥n de una vivienda, es relaÓÄÄvamente probable que la acci√≥n declaraÓÄÄva basada en el arÓÄĀculo 1124 del C√≥digo Civil sea desesÓÄÄmada porque este arÓÄĀculo no es aplicable a los contratos de pr√©stamo. Incluso en caso de que se admiÓÄÄera la aplicaci√≥n del arÓÄĀculo 1124 del C√≥digo Civil a los contratos de pr√©stamo, el juzgado remitente indica que no cabe descartar que no prospere la acci√≥n de resoluci√≥n cuando el √≥rgano jurisdiccional considere jusÓÄÄficado conceder un plazo al deudor, tal como permite expresamente este arÓÄĀculo. 36 Por otra parte, seg√ļn el juzgado remitente, la aplicaci√≥n supletoria del arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, en su versi√≥n vigente con posterioridad a la firma del contrato de pr√©stamo hipotecario, en lugar de la cl√°usula contractual declarada abusiva resulta problem√°ÓÄÄca, desde dos puntos de vista. 37 En primer lugar, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de JusÓÄÄcia, en parÓÄÄcular su sentencia de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank (C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21), el juez nacional puede susÓÄÄtuir una cl√°usula abusiva por una disposici√≥n supletoria de Derecho nacional √ļnicamente en ¬ęlos supuestos en los que la declaraci√≥n de la nulidad de la cl√°usula abusiva obligar√≠a al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal √≠ndole que representaran para este una penalizaci√≥n¬Ľ. 38 En segundo lugar, el juzgado remitente se√Īala que, suponiendo que pueda recurrirse en abstracto a la aplicaci√≥n supletoria del arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, en su versi√≥n vigente con posterioridad a la firma del contrato de pr√©stamo hipotecario, la existencia de un convenio entre las partes es un requisito fundamental impuesto por esta disposici√≥n para su aplicaci√≥n. EsÓÄÄma que, en el asunto del que conoce, ciertamente exisÓÄĀa tal convenio al ÓÄÄempo de la firma del contrato de pr√©stamo hipotecario, pero precisamente dicho convenio ha sido declarado abusivo y nulo. 39 Por todas estas razones, que se refieren a cuesÓÄÄones jur√≠dicas que, a su juicio, pueden ser importantes en el contexto de la respuesta que deba darse a la peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el asunto C-70/17, el juzgado remitente esÓÄÄm√≥ oportuno y necesario presentar ante el Tribunal de JusÓÄÄcia una nueva peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial para que pueda, en su caso, acumularse a la peÓÄÄci√≥n presentada anteriormente en el asunto C-70/17. 40 En tales circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.¬ļ 1 de Barcelona decidi√≥ suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de JusÓÄÄcia las siguientes cuesÓÄÄones prejudiciales: ¬ę1) ¬ŅSe opone a los [arÓÄĀculos] 6 y 7 de la [DirecÓÄÄva 93/13] una doctrina jurisprudencial ([sentencia del Tribunal Supremo] de 18 de febrero de 2016) seg√ļn la cual, a pesar de la abusividad de la cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado y a pesar de tratarse de la cl√°usula que fundamenta la demanda ejecuÓÄÄva, no debe archivarse la ejecuci√≥n hipotecaria porque su conÓÄÄnuaci√≥n es m√°s beneficiosa para el consumidor, dado que en una eventual ejecuci√≥n de una sentencia dictada en un procedimiento declaraÓÄÄvo basado en el arÓÄĀculo 1124 [del C√≥digo Civil] el consumidor no podr√≠a beneficiarse de los privilegios procesales propios de la ejecuci√≥n hipotecaria, pero sin tener en cuenta dicha doctrina jurisprudencial que, seg√ļn una jurisprudencia conÓÄÄnuada y consolidada del propio [Tribunal Supremo], este arÓÄĀculo 1124 [del C√≥digo Civil] (previsto para los contratos que generan obligaciones rec√≠procas) no es aplicable al contrato de pr√©stamo, al ser un contrato real y unilateral que no se perfecciona hasta la entrega del dinero y que, por ello, solo genera obligaciones para el prestatario y no para el prestamista (acreedor), con lo que, de seguirse esta doctrina del mismo [Tribunal Supremo] en el proceso declaraÓÄÄvo, el consumidor podr√≠a obtener un pronunciamiento desesÓÄÄmatorio de la pretensi√≥n resolutoria e indemnizatoria y ya no podr√≠a sostenerse que la conÓÄÄnuaci√≥n de la ejecuci√≥n hipotecaria le resulta m√°s beneficiosa? 2) Para el caso de admiÓÄÄrse la aplicaci√≥n del arÓÄĀculo 1124 [del C√≥digo Civil] a los contratos de pr√©stamo o en todos los casos de contratos de cr√©dito, ¬Ņse opone a los [arÓÄĀculos] 6 y 7 de la [DirecÓÄÄva 93/13] una doctrina jurisprudencial como la indicada que no ÓÄÄene en cuenta, para valorar si le resulta m√°s beneficioso para el consumidor la conÓÄÄnuaci√≥n de la ejecuci√≥n hipotecaria o m√°s perjudicial la tramitaci√≥n de un declaraÓÄÄvo basado en el arÓÄĀculo 1124 [del C√≥digo Civil], que en este procedimiento puede desesÓÄÄmarse la resoluci√≥n del contrato y la peÓÄÄci√≥n indemnizatoria si el tribunal aplica la previsi√≥n del mismo [arÓÄĀculo] 1124 [del C√≥digo Civil] seg√ļn la cual -el tribunal decretar√° la resoluci√≥n que se reclame, a no haber causas jusÓÄÄficadas que le autoricen para se√Īalar plazo-, teniendo en cuenta que precisamente en el contexto de pr√©stamos y cr√©ditos hipotecarios para adquirir viviendas con duraciones prolongadas (20 o 30 a√Īos) es relaÓÄÄvamente probable que los tribunales apliquen esta causa de desesÓÄÄmaci√≥n, especialmente cuando el incumplimiento efecÓÄÄvo de la obligaci√≥n de pago no haya sido muy grave? 3) Para el caso de aceptarse que es m√°s beneficioso para el consumidor conÓÄÄnuar la ejecuci√≥n hipotecaria con los efectos del vencimiento anÓÄÄcipado, ¬Ņse opone a los [arÓÄĀculos] 6 y 7 de la [DirecÓÄÄva 93/13] una doctrina jurisprudencial como la indicada que aplica supletoriamente una norma legal (arÓÄĀculo 693.2 LEC a pesar de que el contrato puede subsisÓÄÄr sin la cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado , y que otorga efectos a dicho [arÓÄĀculo] 693.2 LEC a pesar de que no se da su presupuesto fundamental: la existencia en el contrato de un convenio v√°lido y eficaz de vencimiento anÓÄÄcipado, que precisamente ha sido declarado abusivo, nulo e ineficaz?¬Ľ Sobre la acumulaci√≥n de los asuntos C-70/17 y C-179/17 41 En raz√≥n de la conexidad de los asuntos C-70/17 y C-179/17, procede, conforme al arÓÄĀculo 54 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de JusÓÄÄcia, acumularlos a efectos de la presente sentencia. Sobre las cuesÓÄÄones prejudiciales Sobre la admisibilidad de la peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial en el asunto C-179/17 42 El Gobierno espa√Īol considera inadmisible la peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial en el asunto C-179/17 por entender que esta ÓÄÄene por objeto completar el marco jur√≠dico expuesto por el Tribunal Supremo en el asunto C-70/17 con el fin de permiÓÄÄr que el Tribunal de JusÓÄÄcia disponga de todos los elementos perÓÄÄnentes para dar respuesta a las cuesÓÄÄones prejudiciales planteadas en este √ļlÓÄÄmo asunto. Ahora bien, seg√ļn el Gobierno espa√Īol, la finalidad de la remisi√≥n prejudicial consiste en obtener una interpretaci√≥n del Derecho de la Uni√≥n y no en corregir el contenido de cuesÓÄÄones prejudiciales formuladas en el marco de otros asuntos pendientes ante el Tribunal de JusÓÄÄcia. Asimismo, el Gobierno espa√Īol sosÓÄÄene que las cuesÓÄÄones prejudiciales planteadas por el juzgado remitente se refieren √ļnicamente a la interpretaci√≥n de normas de Derecho nacional. 43 Tal como ha se√Īalado el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, debe recordarse que, seg√ļn reiterada jurisprudencia, dentro del marco de la cooperaci√≥n entre el Tribunal de JusÓÄÄcia y los √≥rganos jurisdiccionales nacionales establecida por el arÓÄĀculo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del liÓÄÄgio y debe asumir la responsabilidad de la decisi√≥n juris diccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las parÓÄÄcularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisi√≥n prejudicial para poder dictar sentencia como la perÓÄÄnencia de las cuesÓÄÄones que plantea al Tribunal de JusÓÄÄcia (sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 25, y de 14 de junio de 2012, Banco Espa√Īol de Cr√©dito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 76 y jurisprudencia citada). 44 Por consiguiente, cuando la cuesÓÄÄ√≥n planteada se refiera a la interpretaci√≥n del Derecho de la Uni√≥n, el Tribunal de JusÓÄÄcia est√°, en principio, obligado a pronunciarse. El Tribunal de JusÓÄÄcia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuesÓÄÄ√≥n prejudicial planteada por un √≥rgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretaci√≥n del Derecho de la Uni√≥n solicitada no guarda relaci√≥n alguna ni con la realidad ni con el objeto del liÓÄÄgio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipot√©ÓÄÄca o cuando el Tribunal de JusÓÄÄcia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuesÓÄÄones que se le hayan planteado (sentencias de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C-62/14, EU:C:2015:400, apartado 25, y de 20 de diciembre de 2017, Global Starnet, C-322/16, EU:C:2017:985, apartado 17). 45 En el presente caso, la peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial ÓÄÄene por objeto la interpretaci√≥n de los arÓÄĀculos 6 y 7 de la DirecÓÄÄva 93/13. Asimismo, el auto de remisi√≥n expone el marco f√°cÓÄÄco y jur√≠dico con el detalle suficiente para permiÓÄÄr determinar el alcance de las cuesÓÄÄones prejudiciales planteadas. Adem√°s, no se aprecia que la interpretaci√≥n solicitada no tenga ninguna relaci√≥n con la realidad o con el objeto del liÓÄÄgio principal ni que el problema sea de naturaleza hipot√©ÓÄÄca. 46 Por √ļlÓÄÄmo, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 44 de la presente sentencia, la eventual intenci√≥n del juzgado remitente de completar el marco jur√≠dico de la peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial presentada por el Tribunal Supremo el asunto C-70/17 carece de perÓÄÄnencia a la hora de apreciar la admisibilidad de la peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial en el asunto C-179/17. 47 De ello resulta que la peÓÄÄci√≥n de decisi√≥n prejudicial en el asunto C-179/17 es admisible. Sobre el fondo 48 Mediante sus cuesÓÄÄones prejudiciales en el asunto C-70/17 y en el asunto C-179/17, que procede analizar conjuntamente,los √≥rganos jurisdiccionales remitentes solicitan que se dilucide, fundamentalmente, si los arÓÄĀculos 6 y 7 de la DirecÓÄÄva 93/13 deben interpretarse en el senÓÄÄdo de que, por una parte, cuando una cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado de un contrato de pr√©stamo hipotecario sea declarada abusiva, esta puede, no obstante, conservarse parcialmente mediante la supresi√≥n de los elementos que la hacen abusiva y de que, por otra parte, de no ser as√≠, el procedimiento de ejecuci√≥n hipotecaria iniciado en aplicaci√≥n de esta cl√°usula puede en cualquier caso seguir tramit√°ndose aplicando supletoriamente una norma de Derecho nacional, en la medida en que la imposibilidad de recurrir a este procedimiento puede ser contraria a los intereses de los consumidores . 49 Seg√ļn reiterada jurisprudencia, el sistema de protecci√≥n establecido por la DirecÓÄÄva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situaci√≥n de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociaci√≥n como al nivel de informaci√≥n, situaci√≥n que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en su contenido (v√©ase, en parÓÄÄcular, la sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, apartado 27 y jurisprudencia citada). 50 Habida cuenta de esta situaci√≥n de inferioridad, la DirecÓÄÄva 93/13 obliga a los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda cl√°usula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada para apreciar su eventual car√°cter abusivo. En ese contexto incumbe al juez nacional, atendiendo a los criterios enunciados en el arÓÄĀculo 3, apartado 1, y en el arÓÄĀculo 5 de la DirecÓÄÄva 93/13, determinar si, dadas la circunstancias propias del caso concreto, esa cl√°usula cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia establecidas por esta DirecÓÄÄva (v√©anse, en este senÓÄÄdo, las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartados 42 a 48, y de 30 de abril de 2014, K√°sler y K√°slern√© R√°bai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 40). 51 En el presente asunto, resulta de las apreciaciones de los √≥rganos jurisdiccionales remitentes que las cl√°usulas controverÓÄÄdas en los liÓÄÄgios principales, pese a estar inspiradas en el arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, en su versi√≥n vigente en la fecha en que se firmaron los contratos de pr√©stamo hipotecario objeto de los liÓÄÄgios principales en los que se incluyeron, deben considerarse abusivas en la medida en que establecen que la enÓÄÄdad financiera puede declarar el vencimiento anÓÄÄcipado del contrato y exigir la devoluci√≥n del pr√©stamo en caso de que el deudor deje de pagar una mensualidad. 52 En este contexto, debe recordarse en primer lugar que, con arreglo al arÓÄĀculo 6, apartado 1, de la DirecÓÄÄva 93/13, incumbe a los √≥rganos jurisdiccionales remitentes abstenerse de aplicar las cl√°usulas abusivas con el fin de que no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, salvo si el consumidor se opone a ello (v√©anse, en este senÓÄÄdo, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, apartado 35, y de 14 de junio de 2012, Banco Espa√Īol de Cr√©dito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65). 53 En segundo lugar, seg√ļn la jurisprudencia del Tribunal de JusÓÄÄcia, cuando el juez nacional declara la nulidad de una cl√°usula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el arÓÄĀculo 6, apartado 1, de la DirecÓÄÄva 93/13 debe interpretarse en el senÓÄÄdo de que se opone a una norma de Derecho nacional que permite al juez nacional integrar dicho contrato modificando el contenido de esa cl√°usula (sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Espa√Īol de Cr√©dito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 73, y de 30 de abril de 2014, K√°sler y K√°slern√© R√°bai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 77). 54 As√≠, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cl√°usulas abusivas que figuran en tal contrato, dicha facultad podr√≠a poner en peligro la consecuci√≥n del objeÓÄÄvo a largo plazo previsto en el arÓÄĀculo 7 de la DirecÓÄÄva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuir√≠a a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cl√°usulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los profesionales podr√≠an verse tentados a uÓÄÄlizar tales cl√°usulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podr√≠a ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garanÓÄÄzando de este modo el inter√©s de dichos profesionales (sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Espa√Īol de Cr√©dito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 69, y de 30 de abril de 2014, K√°sler y K√°slern√© R√°bai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 79). 55 En el presente asunto, la mera supresi√≥n del moÓÄÄvo de vencimiento que convierte en abusivas las cl√°usulas controverÓÄÄdas en los liÓÄÄgios principales equivaldr√≠a, en definiÓÄÄva, a modificar el contenido de dichas cl√°usulas afectando a su esencia. Por lo tanto, no cabe admiÓÄÄr el mantenimiento parcial de dichas cl√°usulas pues, de otro modo, se menoscabar√≠a directamente el efecto disuasorio mencionado en el anterior apartado de esta sentencia. 56 No obstante, el Tribunal de JusÓÄÄcia ya ha declarado que de la jurisprudencia citada en los apartados 53 y 54 de la presente sentencia no se desprende que, en una situaci√≥n en la que un contrato concluido entre un profesional y un consumidor no puede subsisÓÄÄr tras la supresi√≥n de una cl√°usula abusiva, el arÓÄĀculo 6, apartado 1, de la DirecÓÄÄva 93/13 se oponga a que el juez nacional, en aplicaci√≥n de principios del Derecho de los contratos, suprima la cl√°usula abusiva susÓÄÄtuy√©ndola por una disposici√≥n supletoria de Derecho nacional en aquellos casos en que la declaraci√≥n de nulidad de la cl√°usula abusiva obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto as√≠ el consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, que representen para este una penalizaci√≥n (v√©ase, en este senÓÄÄdo, la sentencia de 30 de abril de 2014, K√°sler y K√°slern√© R√°bai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 80, 83 y 84). 57 A este respecto, el Tribunal de JusÓÄÄcia ha considerado que tal susÓÄÄtuci√≥n de una cl√°usula abusiva por una disposici√≥n supletoria de Derecho nacional queda plenamente jusÓÄÄficada a la luz de la finalidad de la DirecÓÄÄva 93/13. En efecto, se ajusta al objeÓÄÄvo del arÓÄĀculo 6, apartado 1, de la DirecÓÄÄva 93/13, ya que esta disposici√≥n pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas, y no anular todos los contratos que contengan cl√°usulas abusivas (v√©ase, en este senÓÄÄdo, la sentencia de 30 de abril de 2014, K√°sler y K√°slern√© R√°bai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 81 y 82 y jurisprudencia citada). 58 Si, en una situaci√≥n como la descrita en el apartado 56 de la presente sentencia, no se permiÓÄÄera susÓÄÄtuir una cl√°usula abusiva por una disposici√≥n supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podr√≠a quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el car√°cter disuasorio derivado de la anulaci√≥n del contrato podr√≠a frustrarse. En efecto, en el caso de un contrato de pr√©stamo, tal anulaci√≥n tendr√≠a en principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del pr√©stamo pendiente de devoluci√≥n, en una cuanÓÄĀa que puede exceder de la capacidad econ√≥mica del consumidor, y por esa raz√≥n penalizar√≠a a este m√°s que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadir√≠a de insertar cl√°usulas de ese ÓÄÄpo en los contratos que ofrezca (v√©ase, en este senÓÄÄdo, la sentencia de 30 de abril de 2014, K√°sler y K√°slern√© R√°bai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 83 y 84). 59 Por an√°logos moÓÄÄvos cabe considerar que, en una situaci√≥n en la que un contrato de pr√©stamo hipotecario concluido entre un profesional y un consumidor no puede subsisÓÄÄr tras la supresi√≥n de una cl√°usula abusiva cuya redacci√≥n est√° inspirada en una disposici√≥n legal aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, el arÓÄĀculo 6, apartado 1, de la DirecÓÄÄva 93/13 no puede interpretarse en el senÓÄÄdo de que se opone a que el juez nacional, con el fin de evitar la nulidad de ese contrato, susÓÄÄtuya esa cl√°usula con la nueva redacci√≥n de esta disposici√≥n legal de referencia introducida con posterioridad a la celebraci√≥n del contrato, en la medida en que la anulaci√≥n del contrato exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. 60 En los presentes asuntos, los contratos a los que se refieren los liÓÄÄgios principales ÓÄÄenen por objeto, por un lado, la concesi√≥n de pr√©stamos por parte de un banco y, por otro, la consÓÄÄtuci√≥n de garanÓÄĀas hipotecarias relaÓÄÄvas a tales pr√©stamos. Las cl√°usulas controverÓÄÄdas en los liÓÄÄgios principales, inspiradas en la redacci√≥n del arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, en su versi√≥n vigente en el momento de la celebraci√≥n de esos contratos, permiten fundamentalmente a los bancos en cuesÓÄÄ√≥n declarar el vencimiento del pr√©stamo y exigir el pago del importe a√ļn no saÓÄÄsfecho cuando deje de abonarse una cuota mensual. Incumbe a los √≥rganos jurisdiccionales remitentes comprobar, con arreglo a las normas de Derecho interno y adoptando un enfoque objeÓÄÄvo (v√©ase, en este senÓÄÄdo, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Perenińćov√° y Perenińć, C-453/10, EU:C:2012:144, apartado 32), si la supresi√≥n de esas cl√°usulas tendr√≠a como consecuencia que los contratos de pr√©stamo hipotecario no puedan subsisÓÄÄr. 61 En tal supuesto, corresponder√° a los √≥rganos jurisdiccionales remitentes examinar si la anulaci√≥n de los contratos de pr√©stamo hipotecario objeto de los liÓÄÄgios principales expondr√≠a a los consumidores en cuesÓÄÄ√≥n a consecuencias especialmente perjudiciales. A este respecto, resulta de los autos de remisi√≥n que tal anulaci√≥n podr√≠a incidir, en parÓÄÄcular, en los cauces procesales de Derecho nacional con arreglo a los cuales los bancos pueden reclamar judicialmente el pago de la totalidad del importe del pr√©stamo pendiente de devoluci√≥n por los consumidores. As√≠, en caso de anulaci√≥n de los contratos de pr√©stamo hipotecario objeto de los liÓÄÄgios principales, el cobro de los cr√©ditos de los bancos deber√° tener lugar a trav√©s de un procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria, mientras que seguir√° siendo aplicable el procedimiento especial de ejecuci√≥n hipotecaria en caso de que esos contratos se mantengan susÓÄÄtuyendo la cl√°usula abusiva por la nueva redacci√≥n del arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC, que permite declarar el vencimiento anÓÄÄcipado de tales contratos en caso de impago por parte del deudor de, al menos, tres mensualidades. Seg√ļn se ha se√Īalado, estos dos procedimientos se disÓÄÄnguen, en parÓÄÄcular, por la circunstancia de que el procedimiento especial de ejecuci√≥n hipotecaria de la vivienda habitual se caracteriza por la posibilidad de que el deudor libere el bien hipotecado antes del cierre de la subasta mediante la consignaci√≥n de la canÓÄÄdad debida, por la posibilidad de obtener una reducci√≥n parcial de la deuda y por la garanÓÄĀa de que el bien hipotecado no ser√° vendido por un precio inferior al 75 % de su valor de tasaci√≥n. 62 Pues bien, tal deterioro de la posici√≥n procesal de los consumidores afectados, en caso de recurrirse al procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria en lugar de seguir el cauce del procedimiento especial de ejecuci√≥n hipotecaria, es perÓÄÄnente a efectos de apreciar las consecuencias de la anulaci√≥n de los contratos en cuesÓÄÄ√≥n y, seg√ļn lo declarado en el apartado 59 de la presente sentencia, podr√≠a jusÓÄÄficar por consiguiente, siempre que exponga a dichos consumidores a consecuencias especialmente perjudiciales, que los √≥rganos jurisdiccionales remitentes susÓÄÄtuyeran las cl√°usulas abusivas por la versi√≥n del citado arÓÄĀculo 693, apartado 2, de la LEC posterior a la celebraci√≥n de los contratos controverÓÄÄdos en los liÓÄÄgios principales. No obstante, dado que las caracter√≠sÓÄÄcas de estos procedimientos de ejecuci√≥n se enmarcan exclusivamente en la esfera del Derecho nacional, corresponde en exclusiva a los √≥rganos jurisdiccionales remitentes llevar a cabo las comprobaciones y las comparaciones necesarias a tal efecto. 63 Por el contrario, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 56 de la presente sentencia, si los √≥rganos jurisdiccionales remitentes llegan a la conclusi√≥n de que los contratos de pr√©stamo hipotecario en cuesÓÄÄ√≥n pueden subsisÓÄÄrsin las cl√°usulas abusivas controverÓÄÄdas en los liÓÄÄgios principales, deber√≠an abstenerse de aplicar dichas cl√°usulas, salvo que el consumidor se oponga a ello, en parÓÄÄcular en el caso de que este considere que una ejecuci√≥n hipotecaria seguida al amparo de tal cl√°usula le ser√≠a m√°s favorable que el cauce del procedimiento de ejecuci√≥n ordinaria. En efecto, ese contrato debe subsisÓÄÄr, en principio, sin otra modificaci√≥n que la resultante de la supresi√≥n de las cl√°usulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jur√≠dicamente posible (v√©ase, en este senÓÄÄdo, la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 71). 64 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, ha de responderse a las cuesÓÄÄones prejudiciales planteadas en los asuntos C-70/17 y C-179/17 que los arÓÄĀculos 6 y 7 de la DirecÓÄÄva 93/13 deben interpretarse en el senÓÄÄdo de que, por una parte, se oponen a que una cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado de un contrato de pr√©stamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresi√≥n de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresi√≥n equivalga a modificar el contenido de dicha cl√°usula afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos arÓÄĀculos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cl√°usula abusiva susÓÄÄtuy√©ndola por la nueva redacci√≥n de la disposici√≥n legal que inspir√≥ dicha cl√°usula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de pr√©stamo hipotecario en cuesÓÄÄ√≥n no pueda subsisÓÄÄr en caso de supresi√≥n de la citada cl√°usula abusiva y la anulaci√≥n del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. Costas 65 Dado que el procedimiento ÓÄÄene, para las partes de los liÓÄÄgios principales, el car√°cter de un incidente promovido ante los √≥rganos jurisdiccionales nacionales, corresponde a estos resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los liÓÄÄgios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de JusÓÄÄcia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de JusÓÄÄcia (Gran Sala) declara: Los arÓÄĀculos 6 y 7 de la DirecÓÄÄva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl√°usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el senÓÄÄdo de que, por una parte, se oponen a que una cl√°usula de vencimiento anÓÄÄcipado de un contrato de pr√©stamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresi√≥n de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresi√≥n equivalga a modificar el contenido de dicha cl√°usula afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos arÓÄĀculos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cl√°usula abusiva susÓÄÄtuy√©ndola por la nueva redacci√≥n de la disposici√≥n legal que inspir√≥ dicha cl√°usula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de pr√©stamo hipotecario en cuesÓÄÄ√≥n no pueda subsisÓÄÄr en caso de supresi√≥n de la citada cl√°usula abusiva y la anulaci√≥n del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. Lenaerts Silva de Lapuerta Prechal VilarasBiltgenJ√ľrim√§e LycourgosJuh√°szIleŇ°ińć LevitsBay Larsen҆v√°by Rodin Pronunciada en audiencia p√ļblica en Luxemburgo, a 26 de marzo de 2019. El SecretarioEl Presidente A. Calot EscobarK. Lenaerts <> Lengua de procedimiento: espa√Īol.
 

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